Prensa

Noticias Prensa 26-03-2011, 27-03-2011 y 28-03-2011

 

 Fiscal

 

Hacienda dispara un 25% sus ingresos por multas tributarias

Subida del IVA, recorte del
sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones, eliminación del cheque
bebé, alza encubierta del IRPF... Todas estas medidas que ha impulsado el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos meses para reducir el
déficit público no son suficientes. Por ello, la Agencia Tributaria está
disparando hasta niveles sin precedentes los ingresos del Estado gracias a las
sanciones y multas.

 

Según los últimos datos de
Ejecución Presupuestaria, la Administración General del Estado recaudó el año
pasado más de mil millones de euros por medio de los recargos y los intereses
que cobra la Agencia Tributaria, un 23,7% más que hace un año. Cuando el líder
del Ejecutivo se instaló en La Moncloa en 2004 las multas de Hacienda sólo
ascendían a 486,2 millones.

 

Estos datos evidencian varias
cosas. Por un lado, que la crisis hace que cada más españoles tengan problemas
para cumplir con el Fisco. Por otro, según las fuentes consultadas, que las
fórmulas habituales para mejorar los ingresos públicos son insuficientes, por
lo que se está recurriendo a las sanciones para cumplir con los objetivos de
recaudación que se marca la Administración del Estado año a año.

 

Estos datos llaman
especialmente la atención en un momento en el Ejecutivo acaba de anunciar que pondrá
en marcha una amnistía para regular la economía sumergida. Por un lado,
aumentará aún más la vigilancia de las cuentas de los contribuyentes ante el
mínimo despiste a la hora de realizar las declaraciones de los impuestos. Y por
otro se anuncia que se relajarán las reglas para que aflore la actividad ilegal
en las compañías, lo que deja en desventaja ante la Administración a los
empresarios y a los particulares que sí que cumplen con las normas.

 

El Gobierno está al acecho de
los ciudadanos que tienen deudas con Hacienda desde hace tiempo. La Agencia
Tributaria ingresó 614,58 millones de euros en 2010 de sanciones que había
puesto en años anteriores, un 20% más que hace un año.

 

También está acelerando el
cobro de las sanciones que se imponen y que entran en caja en un mismo
ejercicio: en 2010 entraron en las arcas públicas 392,36 millones de las multas
que puso Hacienda a los contribuyentes ese mismo año, una cifra un 30% más alta
que la del año precedente.

 

Sin embargo, Hacienda aún
tiene muchos problemas para recaudar todo lo que debería por medio de esta
polémica partida. Según los datos del Ministerio, los ciudadanos deben 2.787
millones de euros al Fisco en multas e intereses tributarios, un 20% más que en
2009. Esta cifra era tres veces inferior cuando José Luis Rodríguez Zapatero
iniciaba su primera legislatura.

 

Por lo tanto, Hacienda sólo
ingresa anualmente el 35% de lo que le deben los contribuyentes por medio de
este tipo de sanciones. Este porcentaje era del 54% en 2004, lo que indica que
el organismo que dirige Juan Manuel López Carbajo cada vez tiene más problemas
para recaudar de acuerdo con sus estimaciones iniciales.

 

Pero las multas tributarias
no son las únicas que crecen. Otro tipo de sanciones (entre las que se
encuentran las administrativas como las de la CNMV y el Banco de España)
también se dispararon a un ritmo del 12% en 2010. Se recaudaron casi 200
millones de euros.

 

Sanciones viales para paliar
los números rojos del Estado

 

El Gobierno no sólo utiliza a
la Agencia Tributaria para aumentar la recaudación de las arcas públicas. Las
multas de tráfico suelen ser otra de las cuestiones a las que se aferra de
forma muy recurrente. El Ministerio del Interior estimaba en los Presupuestos
de 2011 que ingresaría 409 millones gracias a las sanciones a los conductores,
un dato que pronosticaba una reducción de los ingresos del 5%. Sin embargo,
elevando a 110 kilómetros por hora el tope legal para circular, esta cuantía
podría elevarse a 431 millones con las estimaciones más conservadoras, una
cifra similar a la prevista un año antes (ver EXPANSIÓN del pasado 9 de marzo).

 

Para más inri, el Gobierno
central está dedicando cada vez más recursos de lo recaudado mediante las
multas y las tasas como la de los carnet de conducir para reducir el déficit, a
pesar de que desde Interior han asegurado por activa y por pasiva que los
ingresos gracias a las sanciones de tráfico van destinados a mejorar las
infraestructuras viales y a acabar con los accidentes. Según los datos de
Ejecución Presupuestaria de 2010, el Estado ha destinado 184,3 millones de
euros de lo que recibe vía tasas y multas a atajar los números rojos del
Estado, un 81,8% más que un año antes. Es lo que los interventores del Estado
definen como el “barrido”, que pretende que los fondos sobrantes de los
organismos autónomos reduzcan el agujero estatal.

(Expansión, 28-03-2011)

 

 

 Laboral

 

El
'modelo alemán' salvó 250.000 empleos el pasado año

En 2010 se registraron menos expedientes de
regulación de empleo que en 2009, pero los afectados sufrieron un castigo más
severo. Los 210.359 empleados a los que se les suspendió el contrato
temporalmente tuvieron que pasar 161 días de media sin trabajar, el doble que
dos años antes. Las reducciones de jornada se duplicaron y rozaron los 40.000
casos.

 

Lo peor de la crisis ya ha pasado, al menos desde el
punto de vista de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En 2010 hubo
319.374 trabajadores afectados por algún ERE, un 54,8% menos que el año
anterior, según el Ministerio de Trabajo. Los de extinción de empleo se
quedaron en 51.000. Una cifra pequeña, si bien hay que tener en cuenta que en
España tres de cada cuatro despidos son improcedentes, sin que medie un ERE.

 

Pero los empresarios tienen más herramientas aparte
del despido para regular sus plantillas. El más usado, especialmente en
sectores como el automovilístico o industrial, sigue siendo la suspensión
temporal de contratos. En 2010 se produjo una reducción de casi el 50% de esta
modalidad de ERE, pasando de 465.215 a 210.359 trabajadores afectados. Sin
embargo, los empleados a los que se les aplicó tuvieron que pasar más tiempo
sin trabajar (y cobrar). Así, la media por trabajador alcanzó los 161 días,
prácticamente la mitad del año.

 

Otra modalidad de ajuste de plantilla al alcance de
las empresas, la reducción de jornada, sigue ganando presencia en el mercado
laboral español, aunque a un ritmo más lento. El año pasado fueron 38.113 los
trabajadores a los que se les impuso la medida. Un 54% más que en 2009 y 15
veces más que en 2008, año hasta el que no era una práctica habitual. Este
aumento sitúa a España más cerca de Alemania, país donde se está optando por
esta modalidad de ajuste de plantilla para evitar el despido, el denominado
método alemán.

 

La incidencia de la aplicación de los ERE no fue
igual en todos los sectores. Así, por ejemplo, según los últimos datos de UGT,
en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco crecieron un 45,2% en
2010. Se trata de los peores registros de los últimos diez años. La industria
acaparó dos terceras partes de los ERE de 2010, rozando los 200.000
expedientes, la mitad que en 2009. El único sector en el que crecieron los
expedientes de regulación de empleo en 2010 fue el de la construcción, que
registró 5.000 más que durante el ejercicio anterior.

 

Asimismo, las pymes han ganado peso en el reparto de
los ERE: si en 2009 fueron responsables del 26%, el año pasado acapararon casi
el 40%. No obstante, las mayores compañías del país (con más de 5.000
empleados) registraron en 2010 una sexta parte de los expedientes de regulación
de empleo, contra el 2% del año anterior.

 

Pese a que los ERE marcan una tendencia a la baja,
dado que 2009 fue el año en que la crisis tocó fondo, aún no está claro qué
incidencia tendrá en ello la reforma laboral. Su desarrollo reglamentario
tendrá lugar este año. Según reza el articulado que entró en vigor el pasado
mes de septiembre, "la suspensión del contrato por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción tendrá una tramitación idéntica, con
independencia del número de trabajadores de la empresa y de los que estén
afectados por la medida".

(Cinco Días, 28-03-2011)

 

Los
sindicatos de Aena desconvocan hoy la huelga

Los sindicatos de Aena tienen previsto presentar hoy
en el Ministerio de Trabajo la solicitud de desconvocatoria de las veintidós
jornadas de huelga que habían anunciado a principios de marzo y que afectaban a
días clave de Semana Santa, mayo y temporada de verano.

 

Los sindicatos convocantes, CC. OO., UGT y USO,
recibieron el pasado jueves el respaldo de la mayoría de los trabajadores de
Aena al preacuerdo alcanzado con el gestor aeroportuario, compromiso que ha
permitido superar el conflicto.

 

Los sindicatos convocaron los días de paro el8 de
marzo en respuesta a la decisión del Gobierno de privatizar el 49 por ciento de
Aena, en lugar del 30 por ciento previsto inicialmente, y de ceder a la
iniciativa privada la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

 

La huelga, que desató las protestas de numerosos
sectores económicos, en especial del turístico, afectaba a los días 20, 21, 24,
25 y 30 de abril; 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo; 13, 23 y 30 de junio; 1, 2, 3, 4,
15 y 31 de julio; y 1, 15 y 31 de agosto. Sin embargo, las dos partes abrieron
un proceso de negociación que desembocó en un preacuerdo suscrito el 16 de
marzo.

 

Los sindicatos expusieron el contenido del
compromiso a los trabajadores mediante asambleas que se celebraron durante la
semana pasada, y finalmente lo sometieron a referéndum. En la consulta, el 70
por ciento de los votantes se pronunció a favor del preacuerdo.

 

De los 10.000 trabajadores con derecho al voto -
entre ellos operarios de mantenimiento, informáticos, personal de pista,
bomberos, administrativos y responsables de la atención a los
pasajeros-,acudieron a las urnas 7.300, un 73 por ciento. Tras este resultado,
Aena y los sindicatos firmaron un acuerdo el viernes que suponía la
desconvocatoria de los paros.

 

La noticia puede suponer un alivio especialmente
para el sector turístico y las compañías aéreas, que veían con tremenda
preocupación el mantenimiento de una convocatoria de huelga que ha puesto en
peligro la contratación de sus servicios especialmente desde el extranjero,
donde se tiene menor información de la evolución de las negociaciones que han
tenido lugar.

(La Vanguardia, 28-03-2011)

 

Las
empresas tendrán año y medio para aflorar empleo sumergido

Las empresas tendrán año y medio para aflorar el
empleo ilegal. El Gobierno aprobará incentivos y facilitará los aplazamientos y
garantías necesarios. Superado este periodo, incrementará las sanciones a la
empresa y a los trabajadores.

 

El objetivo es reducir el fuerte aumento del gasto
del seguro de desempleo, que representa ya el 3% del PIB. Este incremento se ha
convertido en una amenaza para cumplir el objetivo de reducción del déficit.
Además, se trata de incrementar la recaudación de la Seguridad Social
persiguiendo el fraude en el pago de cotizaciones. Este organismo atraviesa una
delicada situación financiera a causa de la reducción de ingresos que ha
provocado la crisis. En 2010 acabó en déficit técnico (tuvo unos excedentes de
2.700 millones gracias a los intereses que ha logrado del Fondo de Reserva).

 

El plan será discutido con los agentes sociales y el
primer escollo a solventar será el de determinar si se está ante una amnistía
fiscal. En Bruselas, el presidente del Gobierno afirmó ayer que los incentivos
se aplicarán desde junio de este año hasta diciembre del 2012 y se aplicará
para ello un modelo que ya tiene un precedente en la historia económica
española (en lo que algunos ven una referencia velada a una amnistía fiscal.

 

Por el contrario, el ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, negó rotundamente que sea una amnistía fiscal. Tal como dijo, se trata
de "abrir un período de regularización" para empresas y trabajadores,
transcurrido el cual se incrementarán drásticamente las sanciones recogidas en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo texto refundido se
aprobó en agosto de 2000. Gómez explicó que la ley española es muy clara y no
deja margen a la condonación de deudas contraidas con la Administración.

 

La amnistía fiscal implicaría la creación de un
dispositivo legal que permita regularizar las obligaciones tributarias
devengadas y no pagadas. Tiene su precedente en la deuda pública especial
emitida en 1991 sin retención en origen y con un bajo tipo de interés que
permitió aflorar una gran cantidad de dinero fiscalmente opaco. El entonces
ministro de economía, Carlos Solchaga, negó que fuera una amnistía y defendió
que era una regularización.

 

Se trata de la misma definición que utilizó ayer
Valeriano Gómez, quien dijo que "habrá un periodo para regularizar el
empleo irregular". Se hará dando más facilidades en aplazamientos de pagos
y avales para llegar a una solución amistosa.

 

Una cosa está clara y es que ahora apenas hay
sanciones para los trabajadores que cobran el seguro de desempleo y al mismo
tiempo realizan otras actividades remuneradas por cuenta ajena. Durante el año
pasado solo se levantaron 250.000 expedientes sancionadores.

 

Sin embargo, el Gobierno se vio obligado a cambiar
la naturaleza jurídica y los requisitos para cobrar el subsidio de 425 euros a
los parados de larga duración al descubrir que lo percibían varios miles de
personas con residencia en Marruecos y en Rumanía. El ministro de Trabajo
afirmó que hay infracciones y sanciones para el trabajo irregular que habrá que
endurecer con el objetivo es garantizar un trabajo decente. No quiso
cuantificar el volumen de economía sumergida, que según varios estudios se
estima entre un 15 y un 25% de la actividad.

(La Vanguardia, 26-03-2011)

 

Las
prejubilaciones se rigen ya por la reforma de las pensiones

Todavía no se ha aprobado la reforma laboral ni ha
entrado en vigor. Pero el día de ayer, 25 de marzo de 2011, ya marca un antes y
un después para los prejubilados, un colectivo que con la crisis no ha hecho
más que aumentar. Quienes se prejubilaran hasta el jueves se acogerán a las
normas de jubilación vigentes todavía: 65 años de edad legal, 35 años cotizados
para acceder a la pensión máxima o 15 años de periodo de cálculo. Quienes lo
hicieran a partir de ayer se atendrán a las que progresivamente entrarán en
vigor desde el 1 de enero de 2013: retiro a los 67, 37 años de cotización para
tener el 100% de la pensión o 25 años de periodo de cómputo. Lo mismo sucede
con los jubilados parciales.

 

La fecha no está escogida al azar. Lo es porque ayer
mismo el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y lo envió al
Parlamento. Esto supone que los detalles de la reforma todavía no son
definitivos, que todo puede cambiar en la negociación política. Pero resulta
difícil imaginar cambios sustanciales en el texto final dado que la reforma
llega con el aval de sindicatos y empresarios.

 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió el
proyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Argumentó que
es una reforma que se asienta en cuatro principios: sostenibilidad del sistema
de pensiones, correlación entre lo pagado y lo recibido, flexibilidad al
mantener la posibilidad de jubilarse de forma anticipada y gradualidad en su
aplicación. Gómez también alabó el informe preceptivo que el Consejo Económico
y Social ha elaborado de la reforma. "Hemos incluido el 70% o el 80% de
las recomendaciones", explicó.

 

El texto aprobado ayer no modifica ninguna de las
líneas de la reforma que Gobierno, sindicatos y patronal firmaron hace mes y
medio en el Acuerdo Social y Económico, y que pactaron tras un mes de intensas
negociación. La más importante es, evidentemente, el retraso de la edad legal
de jubilación de 65 años a 67 entre 2013 y 2027. En el mismo periodo y con la
misma cadencia se aumenta de 35 a 37 el número de años cotizados para acceder a
la pensión completa. No obstante, este regla tiene una importante excepción:
quienes tengan una carrera larga de cotización (38 años y seis meses) podrán
retirarse a los 65.

 

Otro cambio fundamental, que persigue aumentar la
recaudación y el ahorro para el sistema de pensiones, implica el aumento de 15
años a 25 el periodo de cálculo entre 2013 y 2022.

 

Cuando habló de flexibilidad, Gómez se refería a la
posibilidad de que haya jubilaciones anticipadas voluntarias entre los 63 y los
67 años (aplicando un coeficiente de reducción que va del 1,875% o el 1,675%).
Además se mantiene la posibilidad de retirarse a los 61 años si el trabajador
pierde su empleo como consecuencia de una crisis empresarial.

 

Para evitar que el retraso de la edad de jubilación
y, sobre todo, que el aumento de años cotizados necesarios para acceder a las
pensiones completas, perjudique a colectivos como mujeres y jóvenes, la reforma
contempla la posibilidad de que el cuidado de hijos pueda suponer el reconocimiento
de nueve meses de cotización -hasta un máximo de dos años- y que los becarios
coticen también por un periodo máximo de dos años.

(El País, 26-03-2011)

 

 

 Mercantil,
Civil y Administrativo

 

España pierde un 11% de su cuota exportadora por la
mayor pujanza de los países emergentes

Histórico. Así
fue como calificó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el crecimiento
experimentado por las exportaciones españolas en el mes de enero, con un avance
del 32% en tasa interanual. Ese incremento ya se advirtió en los últimos meses
de 2010, en el que las ventas al exterior de España se recuperaron gracias al
empuje de Francia e Italia, los dos principales socios comerciales, a dónde se
destina uno de cada tres euros de las exportaciones.

 

Sin embargo, ese
aumento no le ha servido a España para ganar peso en el conjunto de las
exportaciones mundiales. Según los datos de la Organización Mundial de
Comercio, correspondientes al cierre del pasado ejercicio, la cuota mundial de
España en el conjunto de las exportaciones mundiales cayó del 1,83% al 1,62%,
lo que representa un descenso del 11,5% respecto a 2009 y el nivel más bajo de
los últimos seis años.

 

La pregunta es
evidente. ¿Cómo es posible que España haya perdido peso en el conjunto del
comercio mundial pese a haber experimentado un fuerte repunte de sus flujos
comerciales al exterior? La respuesta está en el mayor crecimiento experimentado
por los intercambios comerciales del resto de países frente al más tenue de
España. Según la OMC, las exportaciones mundiales crecieron un 21,7% en tasa
interanual, mientras que las españolas llegaron a 173.106 millones de euros, lo
que supuso un alza del 7,4%.

 

Esta última
cifra queda muy lejos del 17,4% de crecimiento que ofrecían las estadísticas
del Ministerio de Industria. La diferencia entre ambas se explica porque la
Organización Mundial del Comercio ha utilizado el cambio del dólar al euro
correspondiente a marzo, lo que ofrece una diferencia de 12.000 millones entre
las exportaciones españolas. Si se aplica el cambio de finales de diciembre, la
brecha se suaviza hasta 2.000 millones achacables a las depuraciones
metodológicas para homogeneizar los resultados de todos los países que dan
información estadística.

 

Hecha esta
precisión, la estadística de la OMC muestra cómo el empuje de los países
emergentes, cuyas ventas al exterior han crecido por encima del 20% en término
medio, han provocado un vuelco en la clasificación de las grandes naciones
exportadoras. Y uno de los países más afectados por esa revolución ha sido
España, que ha perdido dos posiciones respecto a la clasificación de 2010 y se
ha situado como la decimoctava nación más exportadora, tras ser superada el
pasado ejercicio por Taiwán y Arabia Saudí.

Los dos
principales factores que explican esa pérdida de peso de la economía española
en las exportaciones mundiales son la fuerte concentración de las ventas en el
conjunto de la zona euro y la fuerte apreciación de la moneda única, lo que las
ha encarecido frente a otros países que utilizan otras divisas diferentes.

 

Este último
factor, que resta competitividad a las operaciones comerciales de las empresas
españolas en países del área dólar, ha sido determinante a la hora de que los
exportadores hayan optado por no iniciar la aventura hacia otros países fuera
de la zona euro y se hayan refugiado en sus socios comerciales tradicionales.
Así se puede constatar si se comparan las estadísticas de ventas al exterior
correspondientes a enero de 2011 y enero de 2006. En esos cinco años, las
exportaciones a la zona euro apenas se han modificado y representan más de un
55% del total. En el resto se ha producido un traslado de los flujos
comerciales españoles desde América Latina, en especial de México, y de EE UU
hacia África, Asia y algunos emergentes. Algunas de las naciones encuadradas en
esta última categoría, como Noruega y Turquía, son las que más han crecido, ya
que en enero de 2011 suponen el destino del 2,6% y del 2% de las exportaciones
españolas, lo que representa un incremento conjunto de dos puntos en ese
lustro.

 

La pujanza de
los emergentes y la debilidad de los países desarrollados también ha provocado
una revolución sin precedentes en la clasificación de las naciones más
exportadoras. China ha consolidado su primera posición en el ranking, con una
cuota del 10,4% del total (ocho décimas más que en 2009), mientras que Alemania
ha perdido la segunda posición en favor de EE UU. Si el análisis se extiende a
los 25 mayores exportadores, las naciones que han ganado posiciones han sido
Corea del Sur, Rusia, Australia y Brasil, que han avanzado dos puestos respecto
a 2009, y Taiwán, Arabia Saudí e India, con uno. En todos ellos, las exportaciones
han crecido en tasas interanuales de entre un 20% y un 30%. Las mayores alzas
se han producido en Taiwán y Austria, con incrementos del 37,5% y del 34,8%,
respectivamente.

 

En el lado
contrario se han situado la gran mayoría de naciones europeas, que, al igual
que España, han visto penalizada su salida a mercados emergentes por la fuerte
apreciación del euro. Buena muestra de ello es que entre los 25 países, los
crecimientos más bajos de las exportaciones se han dado en España y Francia,
con un 7,4%, tres veces menos que la media mundial. La nación europea más
perjudicada ha sido Suiza, con una pérdida de cuatro puestos en el ranking
mundial, seguida por España, con dos puestos menos, y Alemania, Italia y
Bélgica, con uno menos. Fuera de la Unión Europea, Hong Kong y Canadá han
perdido un puesto en la clasificación mundial.

(Cinco Días,
28-03-2011)

 

El Gobierno calculará el coste de saldar la deuda
con la casa

El Gobierno está
elaborando un informe sobre el impacto que puede tener implantar la dación en
pago, operación que consiste en devolver al banco un inmueble para saldar de
ese modo el préstamo hipotecario del que era garantía. Así consta en una
respuesta a la pregunta escrita formulada por la diputada de ERC Nuria
Buenaventura. El Ejecutivo considera que para aplicar este mecanismo hay que
analizar el efecto que tendría en el sector financiero reducir el valor de la
garantía inmobiliaria, basada hasta ahora en la personal y en la que otorga el
propio inmueble.

(Cinco Días,
28-03-2011)

 

La mayoría de las cajas opta por el dinero público
ante la falta de inversores

La falta de
inversores privados marca el final de la primera etapa en el proceso de
recapitalización de las cajas de ahorros. Hoy expira el plazo para que las ocho
entidades de ahorro que no alcanzaron los nuevos mínimos de solvencia impuestos
por el Banco de España definan su estrategia de capitalización.

 

Esa falta de
inversores se debe a que las estimaciones preliminares de las entidades arrojan
unas valoraciones tan bajas que muchas cajas consideran que dar entrada a un
socio es casi como "regalar la entidad". Sólo Bankia mantiene de
forma firme y decidido su salida a bolsa. Las fuentes financieras consultadas
creen que aunque con una estimación muy baja (los cálculos preliminares
valoraban el banco en 10.000 millones de euros, la mitad que el valor de La
Caixa, pese a ser Bankia más grande) la entidad saldrá a bolsa este mismo año.

 

Distinto es el
panorama que se abre para las otras dos entidades medianas que también quieren
salir a bolsa: Banca Cívica y Mare Nostrum. Los expertos creen que su pequeño
tamaño complica en exceso el proceso de salida a bolsa y la búsqueda de
inversores, especialmente en un momento en el que habrá avalancha de títulos
con las colocaciones de La Caixa y Bankia.

 

Mucho más
complicada es la situación que vive la tercera gran caja, Banco Base. El
consejo de administración de hoy decidirá cuál es la estrategia de
capitalización (FROB o bolsa) y determinará la continuidad o no de la alianza
entre Cajastur y CAM.

 

Catalunya Caixa
y Nova Caixa Galicia apuestan por el FROB, mientras que Unnim busca una fusión
como la protagonizada por Caja España.

 

En cuanto a los
bancos que suspendieron se prevé que realicen ampliaciones de capital para
superar los mínimos.

(La Vanguardia,
28-03-2011)

 

Las empresas deberán contabilizar los alquileres
como deuda financiera

Las autoridades
contables de Europa (International Accounting Standard Board, IASB) y Estados
Unidos (Financial Accounting Standard Board, FASB) han acordado modificar el
tratamiento contable de los alquileres operativos (de inmuebles, máquinas,
vehículos, etcétera) para equipararlos a los arrendamientos financieros o
leasing. Un tecnicismo que es, sin embargo, "el cambio más radical en el
sector inmobiliario mundial en los últimos 30 años", según la consultora
Cushman & Wakefield, y que va a disparar la deuda empresarial un 58%,
multiplicando incluso la de los sectores que necesitan grandes espacios, como
el comercio (su deuda subirá un 213%), las empresas de servicios profesionales
como abogados o consultores (un 158%) o los hoteles (un 101%).

 

Como ejemplo,
una empresa que pague 500.000 euros al año por el alquiler de un local con un
contrato a cinco años habrá de incluir en su balance una deuda de 2,2 millones
(el valor presente de los pagos futuros actualizado a una tasa de interés del
5%), mientras que si el contrato es por 10 años habrá de incluir una deuda de
3,9 millones. Para una gran empresa como Telefónica la norma elevaría su deuda
en unos 6.000 millones de euros.

 

La modificación
de la norma, llamada IAS 17, prevé estar aprobada en junio, aunque los expertos
consideran que las empresas sólo la habrán de aplicar a partir del ejercicio
2013. En principio la normativa internacional sólo es obligatoria para las
empresas cotizadas o las que acuden a los mercados de capitales para
financiarse, aunque en la práctica cada país traslada sus cambios a su propia
normativa contable interna para hacerla más homogénea.

 

Raimon Ripoll,
socio de auditoría de Deloitte, explica que la nueva norma introducirá en la
contabilidad de las empresas un activo (el derecho de uso del inmueble u objeto
alquilado) y un pasivo (las rentas que se habrán de pagar durante toda la
vigencia del contrato, actualizadas con un tipo de interés para calcular su
valor presente). Este pasivo se pagará con un método similar a una hipoteca:
tendrá un gasto por amortización y un gasto financiero, frente a la situación
actual en que el alquiler es un gasto operativo que va a la cuenta de
resultados. "Disparará el endeudamiento y el Ebitda (beneficio operativo
sin incluir intereses, amortizaciones e impuestos) y cambiará las ratios
contables como deuda sobre recursos propios o rentabilidad sobre activo",
asegura.

 

Las nueva norma,
según el IASB, dará más transparencia a la contabilidad empresarial al incluir
los compromisos de pagos futuros, por ejemplo, en contratos de obligado
cumplimiento, que hasta ahora los inversores desconocían. Carlos Sobrino,
director del grupo de mercados de capitales y asesoría contable de PwC,
considera que la contabilidad "no será ni más transparente ni más clara,
porque introduce muchas variables estimativas, y por tanto subjetivas, como
cuánto tiempo seguirá la empresa ocupando un local o qué alquiler pagará en el
futuro cuando las rentas se han de actualizar según el IPC, o en casos de
máquinas o vehículos, en función de su uso, o incluyen una parte variable en
función de las ventas del local", por ejemplo. Esto, además, complicará la
administración de la compañía y requerirá más personal y medios informáticos.
"Muchas empresas incumplirán los límites de deuda fijados en los
covenenants de sus acuerdos de financiación y habrán de renegociarlos",
reconoció Ripoll.

 

El enorme
impacto de la norma, en un momento en que los mercados financieros miran con
lupa el endeudamiento empresarial, ha movilizado a las empresas contra la
reforma: el regulador europeo ha recibido 780 alegaciones, entre ellas de
grandes empresas españolas como Inditex, BBVA, Santander, El Corte Inglés,
Repsol o Telefónica. Esta presión le ha llevado a anunciar que modificará
algunos de los aspectos más polémicos, como permitir que la amortización de la
deuda por alquiler sea lineal, frente a su propuesta inicial que, al equiparlo
a una hipoteca, aumentaba el gasto en los primeros años por el coste
financiero.

(La Vanguardia,
28-03-2011)

 

La CNE advierte que los gastos de colocar el
déficit elevarán la tarifa

La colocación
del déficit eléctrico está suponiendo unos mayores costes financieros que
deberá pagar el consumidor a través de las futuras tarifas de acceso, la parte
regulada del recibo de la luz, según señala la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) en su informe sobre la revisión tarifaria de abril.

 

El organismo
afirma que la insuficiencia de las tarifas de acceso para cubrir los costes,
así como la deuda acumulada y los gastos derivados de su financiación, es el
principal problema del sector y "es imprescindible" aplicar más
medidas regulatorias para lograr la sostenibilidad económica.

 

El organismo recuerda
que el sistema eléctrico padece un déficit estructural desde hace una década,
ya que los costes que se han reconocido a las distintas actividades reguladas
han sido, y siguen siendo, superiores a las tarifas que pagan los consumidores.

 

En números, la
CNE apunta que desde el 2006 hasta el 2011 las tarifas de acceso han aumentado
un 60%, mientras que los costes lo han hecho un 108%.

 

Este
desequilibrio, el déficit tarifario, se ha ido acumulando hasta alcanzar los
17.719 millones al cierre del 2010, a los que se añadirán 2.500 millones como
máximo por el desajuste temporal del 2010, 3.000 millones por el déficit del
2011 y 1.500 millones por el del 2012. En el 2013, tal como fija la normativa,
las tarifas de acceso ya deberán cubrir los costes.

 

Para ir
devolviendo a las empresas eléctricas esa deuda reconocida, el Tesoro, a través
del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), creado para sacar al
mercado los derechos de cobro del déficit tarifario, ha comenzado a lanzar
emisiones de deuda.

 

En lo que va de
año, se han efectuado tres emisiones de 2.000 millones de euros cada una con
vencimientos a 3, 4 y 10 años, respectivamente, y con rentabilidades del 4,8%,
5% y 5,9%. Los derechos de cobro de esta deuda se pagan al FADE a través de las
tarifas de acceso de los consumidores en 15 años.

 

"El
reconocimiento de nuevos déficits ha permitido retrasar el ajuste necesario
entre los ingresos y los costes del sistema (...) a cambio de la acumulación de
deuda y del pago de costes derivados de su financiación por parte de los
consumidores", subraya el organismo presidido por María Teresa Costa.

 

Para la CNE, las
medidas aprobadas por el Gobierno para acabar con este problema "han sido
insuficientes". Y, en esa línea de acabar con el déficit, el organismo
también considera insuficiente la propuesta de subida de tarifas de acceso en
abril. El Ministerio de Industria propuso subir los peajes de acceso un 12,5%
para la mayoría de los hogares y pequeños comercios, un 9% para el resto de los
consumidores de baja tensión y un 2% para grandes consumidores industriales.

 

Pese a este
incremento, el Ministerio de Industria ya adelantó que la tarifa eléctrica de
último recurso (TUR), a la que están acogidos 20 millones de consumidores, no
subirá en la revisión de abril, ya que se compensará con la bajada de la
materia prima.

(La Vanguardia,
28-03-2011)

 

Los empresarios piden a Zapatero que resista hasta
el 2012 para seguir con las reformas

Ayer, el
presidente Zapatero rentabilizó en términos políticos y de la mano de los
grandes empresarios el crédito que estos días parecen haberle dado los
mercados, tan tranquilos con España pese al incendio en la vecina Portugal.
Ante su aspirante a sucederle mejor pronto que tarde, Alfredo Pérez Rubalcaba,
de cuerpo presente a su derecha, un gran banquero y varios hombres de empresa
reunidos en la Moncloa le pidieron no sólo que no adelante las elecciones, algo
que una gran mayoría lleva años haciendo, sino incluso que no avance su marcha;
que aguante hasta la primavera del 2012 y que resista hasta el último momento
para hacer pública su decisión de si volverá o no a presentarse a las
elecciones. Casi a la misma hora Mariano Rajoy le pedía en Toledo que se
marchara ya.

 

Le correspondió
el honor de abrir la ronda de cumplidos al presidente a Emilio Botín, símbolo
por excelencia del poder del dinero en España, imagen de las finanzas ibéricas
en el mundo, amén de banquero de cabecera de Zapatero, a quien ha hecho de
soporte público en los momentos más difíciles, a veces prácticamente en
solitario.

 

Con la
solemnidad propia de las grandes ceremonias, Botín se puso en pie para tomar la
palabra: "Presidente, la economía española aún está delicada, necesita
estabilidad, por eso tienes que seguir hasta el 2012, agotar la legislatura, y
esperar también al 2012 para hacer público lo que hayas decidido".
Declaración que no fue contestada por ninguno de los presentes y que suscitó
réplicas con distintas tonalidades: Antoni Brufau (Repsol): "Sería
deseable que ahora liderases una política de reformas en Europa que no sean las
de la señora Merkel"; Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola): "Tienes que
seguir, presidente"; Rafael del Pino (Ferrovial): "Es necesario que
tu Gobierno continúe estable y tomando medidas"; Borja Prado (Endesa):
"Estoy de acuerdo con Botín, cuanto más tarde anuncies tu decisión,
mejor"; Juan Miguel Villar Mir (OHL): "La situación exige que
continúes como presidente hasta el 2012"; Antoni Llardén (Enagás):
"Somos conscientes del enorme coste electoral que tienen las medidas adoptadas,
pero debemos seguir con las reformas, y es mejor eliminar incertidumbres".
César Alierta, el presidente de Telefónica, intervino antes que Botín, y los
presentes valoraron sus palabras como "muy elogiosas para el
presidente".

 

Prosa que delata
el cambio de escenario económico respecto a la anterior reunión con casi
idénticos actores, el 27 de noviembre pasado, cuando la tormenta irlandesa
anegaba ya las bodegas de la credibilidad internacional de la economía
española. En aquella ocasión, los reproches ganaron por goleada a los halagos:
"la situación es muy grave"; "hay que tranquilizar a los
mercados"; "el Gobierno siempre da vueltas alrededor de los mismos
asuntos"; "la marca España nos castiga y en la bolsa perdemos
capitalización a marchas forzadas"...

 

Pero ayer la
primavera estallaba en Madrid y la necesidad de creer en un tiempo mejor se
filtraba por las ventanas del complejo presidencial. Entre una y otra reunión
se ha aprobado el aplazamiento de la edad de jubilación, el objetivo de déficit
público ha quedado colmado, la reforma de la negociación colectiva para ligar
salarios y productividad está en su tramo final y los banqueros han impuesto su
criterio, expresado explícitamente en el anterior encuentro, de imponer más
velocidad y bancarizar las cajas. Para más abundancia, el pasado viernes,
Zapatero volvió a anunciar nuevas reformas, algunas prácticamente como un
esbozo. Con un presidente así, debían de decirse los grandes empresarios, ¡qué
prisa hay para que se marche antes de hora!

 

En este rosado
contraste entre noviembre y el marzo primaveral la única pieza que se ha
deteriorado ha sido la de la malhadada Portugal. En noviembre, Zapatero les
explicó que en Bruselas el compromiso era "la defensa del país vecino y la
convicción de que hay que evitar el rescate". Parece que Bruselas ha
vuelto a fracasar y el zombi portugués obliga a no fiarse.

 

La necesidad de
seguir con las reformas, tanto en velocidad como en profundidad, siguió siendo
el eje central de las intervenciones de los empresarios. En este terreno, el
presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, informó a su auditorio del estado
de las negociaciones para reformar la negociación colectiva y cuáles eran sus
objetivos: "Reducir el absentismo laboral (que representa el 1% del PIB; un
millón de personas al día que no acude a su puesto de trabajo, 400.000 de los
cuales son absentistas profesionales); reducir la judicialización de los
convenios colectivos, especialmente para las pymes que se sienten maltratadas
en los juzgados, y la movilidad funcional y la formación".

 

Isidre Fainé
(CECA y La Caixa) defendió la gran reforma de las cajas de ahorros, "en un
tiempo récord de seis meses con el objetivo de reducir un 25% su
capacidad". Fainé se quejó de nuevo de que había demasiado ruido en torno
a las cajas (una nueva alusión a sus competidores bancarios igual que la que
hubo el 27 de noviembre) y defendió que el sector inmobiliario prácticamente ha
tocado fondo. "Está saliendo y ya no es un problema para la estabilidad y
la solvencia de las entidades financieras española", El presidente de La
Caixa acabó defendió la "función social de las entidades de ahorro, a
través de su obra social, que debe conservarse a toda costa, y la necesidad de
mantener las participaciones industriales estratégicas", que en su caso
abarcan desde Telefónica a Repsol o Gas Natural.

 

Rodrigo Rato
(Bankia-CajaMadrid) suscribió el análisis de su colega, aunque en el terreno
político matizó la euforia general: "Los cambios de los últimos meses son
muy importantes, si no estaríamos intervenidos, estábamos al borde del abismo y
la economía sigue estando débil. La prueba es que nuestra prima de riesgo está
por encima de la de Italia, cuando ese país lleva una década estancado".

 

Entre los fríos
también estuvo Francisco González (BBVA), que ya fue el más crítico en el
encuentro de noviembre. El banquero dio a entender que no veía la prima de
riesgo en 150 puntos como había predicho que estaría Botín ni veía tan claro el
diagnóstico inmobiliario de Fainé. Aunque sí reconoció que se han producido
avances, González es de los que aún ven la botella medio vacía.

 

Alierta habló de
"mejora significativa de la situación, lo que se nota en la caída de la
prima de riesgo, y por eso ahora los inversores ya no nos preguntan ni tienen dudas
sobre si España cumplirá o no sus obligaciones, sino por el cumplimiento de las
comunidades autónomas".

 

Este último
asunto recorrió ayer de forma transversal la reunión. Por un lado, en lo
referente al gasto de las comunidades, tema en el que tanto Zapatero como la
vicepresidenta Salgado dejaron claro que era responsabilidad de los gobiernos
respectivos y que no podrían apelar a fondos del Estado. Según Zapatero,
"las comunidades deberán presentarse delante del mercado", algo que
no les está yendo muy bien últimamente.

 

Pero también por
las regulaciones autonómicas en diferentes ámbitos, y en especial en el de los
horarios comerciales. Isidoro Álvarez(El Corte Inglés) formuló explícitamente
el asunto al plantear "más flexibilidad de horarios, especialmente en las
zonas turísticas o que reciben cruceros durante días festivos",
refiriéndose explícitamente a ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca. Al
presentar sus conclusiones, Zapatero adoptó el compromiso de que en la próxima
reunión, en tres meses, ya tendría una propuesta de modificación para facilitar
su flexibilización.

 

El sector
energético también tuvo un importante protagonismo. Prado, Sánchez Galán o
Llardén felicitaron al Gobierno por su frialdad al enfrentar la polémica sobre
la energía nuclear tras el accidente en la nuclear japonesa de Fukushima (¿un
reproche velado a Merkel?) y le agradecieron también las mejoras en la
regulación y la estabilidad del sector (mirada cómplice de Galán a Elena
Salgado). De hecho, adelantaron que sus empresas están dispuestas a acometer
nuevas inversiones, que, a diferencia de las obras públicas, no implican más
endeudamiento para el Estado. Salvador Gabarró (Gas Natural) planteó alguna
propuesta concreta en la misma línea.

 

Sobre el tema
fiscal, algunos de los asistentes, entre ellos Salvador Alemany (Abertis),
plantearon posible rebajas. Salgado replicó que ese era un tema que estaba en
manos de la Comisión Europea, que trabaja en un proyecto para unificar las
bases imponibles. "Será difícil hacer grandes inventos en este tema,
máxime teniendo en cuenta que el comisario de Competencia [ el español Joaquín
Almunia] es muy listo". Alguno de los presentes tuvo dudas sobre con qué
intención debía interpretarse el comentario de la vicepresidenta.

 

Uno de los momentos
más distendidos del encuentro tuvo lugar cuando intervenía el presidente de
Iberia, Antonio Vázquez, que glosó la importancia de su fusión con British
Airways y la trascendencia de llevar el AVE a Barajas, a la T4. Momento en el
que se puso en pie Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, competidor de
Iberia, quien, caminando en dirección hacia la salida de la sala, explicaba que
"el mundo no se acaba en la T4 y que también había T1, T2 y T3".

 

Zapatero cerró
el debate poniendo sobre la mesa las conclusiones que extraía. En primer lugar
explicó que las ideas de los empresarios le "servían como puntos de
referencia para sus discusiones en el Gobierno y son un valor añadido que la
dan fuerza y motivación para continuar en la senda de las reformas".
Dirigiéndose a Rosell le dijo que se "sentía solidario con su tarea"
al frente de la CEOE y en la reforma de la negociación colectiva. Entre las
reformas pendientes, al margen de las más conocidas, destacó las de la energía
y la mejora de la competencia en los servicios y los horarios comerciales.
Tomando nota de varias intervenciones sobre la importancia de la industria, y
la referencia de Fainé a las carteras de inversiones industriales y de Sánchez
Galán sobre el ejemplo positivo de la estructura económica del País Vasco,
reseñó que "la estrategia de un modelo económico sólo de servicios no es
suficiente y debemos tener también una estrategia industrial".

 

Zapatero dejó
para el final la dinámica política. Pese a que ya se está en la fase final de
la legislatura, el presidente del Gobierno afirmó que "buscaré activamente
los apoyos parlamentarios necesarios". En esa línea destacó que "ha
sido muy importante el pacto con el PNV (un amplio acuerdo de legislatura que
abarca un extenso abanico de temas), pero tan importante como fue la decisión
de CiU de apoyar al Gobierno en la votación del paquete de ajuste, sin el cual
no estaríamos hoy aquí".

(La Vanguardia,
27-03-2011)

 

Zapatero supedita el calendario político a las
reformas económicas

El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que ha coincidido con los
40 grandes empresarios en que "no se puede bajar la guardia en las reforma
económicas" y además es necesario dar estabilidad institucional. "En
estos momentos el calendario político es secundario". De esta manera
aclaró que no va a pasar lo mismo que en Portugal, donde la dimisión de su
primer ministro, José Sócrates, ha colocado al país al borde de la
intervención. Su intención es no adelantar las elecciones como le reclama la
oposición, y por eso tendrá que aclarar definitivamente el problema de su
sucesión y culminar su programa reformista a pesar de su coste político.

 

Ahora bien,
reconoció que el trabajo no ha finalizado. Tal como dijo, en abril estará
ultimada la reforma de la negociación colectiva. Explicó que el presidente de
CEOE, Juan Rosell, hizo un detallado informe. En él se puso de manifiesto que
hay que abordar temas delicados como el hecho de que el absentismo represente
el 1% del PIB. Se comprometió a aprovechar esta oportunidad para flexibilizar
el mercado laboral, que en la reunión varios empresarios como Ignacio Galán le
dijeron que "es histórica". El presidente afirmó que se harán los
cambios "en la dirección adecuada". También se regularizará el empleo
sumergido.

 

En segundo lugar
se comprometió a trabajar en internacionalizar la economía, ya que, como le
dijo el presidente de Indra, Javier Monzón, el crecimiento viene de fuera.
Zapatero anunció que el viernes se aprobará la reforma del Icex para que sea
más flexible y dé respuesta al recorte de recursos de las autonomías que tenían
esta competencia.

 

El tercer tema
fue el debate energético, ante el que el presidente se comprometió a "una
reflexión colectiva que garantice la competitividad de las empresas y una
energía barata".

 

El cuarto
elemento fue la mejora de la competitividad. Zapatero se comprometió a
incrementar la competitividad en los servicios profesionales para eliminar
rigideces y fomentar la actividad económica. También accedió a la petición del
presidente de El Corte Inglés, IsidoroÁlvarez,de flexibilizar los horarios
comerciales en las zonas turísticas ampliando las horas de apertura.

 

Por último,
accedió a la demanda generalizada de los empresarios de actuaciones eficaces
para resolver el desempleo juvenil. Anunció un programa de 30.000 becas que
combinarán el tiempo parcial con la formación durante seis meses en el que
participarán las grandes empresas. Su elaboración la coordinará el presidente
de Telefónica, César Alierta. El objetivo es mejorar su formación académica con
experiencia profesional a través de contratos a tiempo parcial. Emilio Botín se
comprometió aque el Banco Santander ofrecerá 2.000.

 

Todos los
empresarios se comprometieron a hacer extensible este plan a sus empresas auxiliares.
Pidieron al Gobierno medidas dirigidas a implementar el copago en la
universidad y, sobre todo, en la sanidad.

 

Tal como
explicó, se ha comprometido a culminar las reformas con decisión para superar
la crisis y encauzar la economía. Explicó que estas reuniones "son muy
útiles porque se trata de profesionales que están en el mundo, escuchan y han
constatado que ha mejorado la confianza".

 

Anunció que
volverán a reunirse dentro en junio, y las leyes que no se hayan presentado
hasta entonces no podrán aprobarse. Tal como les explicó, en abril se
completará la reforma laboral y se presentará el plan de estabilidad ante la
Comisión Europea, que mantendrá como objetivo prioritario el control del gasto
público. En este sentido se implementará un plan para aflorar el empleo
sumergido y dar más transparencia al control del gasto autonómico, que, como
explicó la vicepresidenta Elena Salgado en la reunión, "seguirá
ajustándose porque cumplir con la reducción del déficit es prioritario y se va
a conseguir". En octubre culminará la reforma financiera de las cajas y
los presupuestos para el 2012.

(La Vanguardia,
27-03-2011)

 

El Gobierno estudia una moratoria en la generación

El presidente
del Gobierno afirmó ayer que ha tomado buena nota de la petición de los empresarios
en materia energética. Tal como dijo, se está evaluando el parque de generación
instalado para evaluar sus posibilidades y sus necesidades. Los empresarios le
pidieron que estudie una moratoria para aumentar la capacidad de generación
hasta el 2015 con el fin de controlar las subvenciones y reducir el déficit de
tarifa.

 

El presidente
afirmó en la rueda de prensa que "hay que hacer más" para abaratar
los costes, porque "pese a las medidas puestas en marcha hasta ahora, a
través del decreto ley que aborda el problema del déficit tarifario, no se
puede decir objetivamente que exista un horizonte de estabilidad".
"La política energética necesita el máximo consenso político
posible", añadió, y por eso, "hemos venido cortejando al principal
partido de la oposición para conseguir un pacto de Estado, pero no es fácil con
el PP". Descartó que sea necesario crear una mesa que debata el futuro de
la energía en España y se comprometió a impulsar "una reflexión colectiva
que garantice un precio de la electricidad competitivo para nuestras empresas
que no suponga una desventaja".

(La Vanguardia,
27-03-2011)

 

La subida del Euribor encarece las hipotecas casi
500 euros

La evolución en
marzo al alza del Euribor a 12 meses - el indicador principal para el cálculo de
hipotecas-encarecerá en cerca de 500 euros anuales las hipotecas suscritas hace
un año que se revisen en abril. La del mes de marzo será la octava subida
consecutiva.

 

A falta de
cuatro sesiones para que el Euribor cierre marzo, la media mensual llega ya al
1,911%, la más alta desde febrero del 2009 (2,135 %), y supera en siete
centésimas el mínimo histórico de marzo del 2010 (1,215%).

 

Con esos datos,
una hipoteca media de 150.000 euros, contratada en el mes de marzo del 2010 y
que se renueve en los próximos días, con un plazo de amortización de 25 años y
un diferencial del 0,25%, pasará de 580 euros a 620 euros al mes. Ese
incremento supone una subida de cerca de 500 euros anuales para una hipoteca
media.

 

Tras comenzar el
mes por debajo del 1,8%, el Banco Central Europeo (BCE) anticipaba el viernes 4
una posible subida de tipos en la zona del euro en abril y empujaba el Euribor
por encima del 1,9%, algo que no había ocurrido en los últimos dos años. Ese
día, el indicador ganaba catorce centésimas en tasa diaria y se situaba en el
1,924% desde el 1,780% de la víspera, y desde entonces no se ha apeado del
1,9%.

 

Pese a esa
tendencia al alza, los analistas destacan que el presidente del BCE,
Jean-Claude Trichet, matizó tras el anuncio que la de abril sería una subida
puntual, al tiempo que indican que todo dependerá de la evolución de la crisis
en Libia y del precio del petróleo, cuyos efectos sobre la inflación en la zona
del euro, actualmente en el 2,4%, es lo que se quiere prevenir.

 

Aunque España y el
resto de los países periféricos de la zona del euro quedarían en una situación
delicada, añaden los expertos, ya que la recuperación se ralentizaría aún más,
un Euribor en torno al 2% a finales de año seguiría siendo razonable. El BCE
lleva 32 meses - desde julio del 2008-sin subir los tipos básicos de interés,
actualmente en el 1%.

(La Vanguardia,
27-03-2011)

 

La desconfianza empresarial se agudiza

El estado de
ánimo de los empresarios continúa bajo cero. El diagnóstico sobre la economía
española que hacen los responsables de compañías con más de 10 trabajadores
está en niveles mínimos: los consultados puntúan la situación con un 2,9 en una
escala de 0 a 10, una décima por encima de la oleada anterior. La percepción
que tienen los empresarios del sector al que se dedican también sigue siendo
muy desfavorable (3,4).

 

Un 86% asegura
que su empresa ha sufrido el impacto de la crisis, cuyos efectos siguen sin
ceder. El 51% percibe que este fuerte impacto nocivo no ha cambiado y el 34%
cree que incluso ha ido a peor. El sector industrial no termina de arrancar y
el consabido estrangulamiento del crédito sigue lastrando de manera transversal
todos los sectores de la economía: permanece invariable la elevada proporción
de empresarios que piensan que ahora es más difícil que hace dos años conseguir
financiación para su empresa (77%). Y lo que es peor: no creen que la situación
vaya a mejorar a corto plazo. Tres de cada cuatro responde que aún queda tiempo
hasta que la economía mundial remonte la marcha; y los que opinan esto mismo
para el caso español crecen hasta un aplastante 92%.

 

El profundo
descontento del empresariado se aprecia en el suspenso que dan al Gobierno (el
78% desaprueba la gestión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero) y a la
oposición (el 70% tampoco aprueba al líder del PP, Mariano Rajoy).

 

Sí que ha tenido
una buena acogida el Consejo Empresarial para la Competitividad, órgano
constituido a finales de febrero por las 17 mayores compañías españolas. Seis
de cada 10 consideran que este acuerdo contribuirá a impulsar la competitividad
y el crecimiento de la economía, mejorará la imagen y credibilidad
internacional de España y que podría representar de forma adecuada los
intereses de las empresas españolas. La encuesta de Metroscopia constata un
déficit de representatividad institucional. Los empresarios apenas sienten
adecuadamente representados y defendidos sus intereses por parte de la CEOE
(que recibe un 3,6) y de la Cepyme (3,7).

 

La decisión del
Gobierno de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110
kilómetros por hora ha encontrado también una fuerte oposición entre los
empresarios. El 76% está en desacuerdo con esta medida.

(El País,
27-03-2011)

 

Zapatero vinculará los aumentos del gasto al
crecimiento del PIB

El "pacto por
el euro plus", como la UE rebautizó ayer su nueva estrategia para mejorar
su competitividad económica, aún estaba caliente sobre la mesa del Consejo
Europeo cuando José Luis Rodríguez Zapatero se anticipó a la mayoría de sus
socios con el anuncio de una docena de medidas con que darle cumplimiento.

 

La que más
interés despertó en Bruselas fue el anuncio de que España reformará la ley de
Estabilidad Presupuestaria para vincular cualquier crecimiento del gasto a la
previsión crecimiento económico a medio plazo. Zapatero invitó ayer a las
comunidades autónomas a aplicarse "ese control del gasto que el Estado se
autoimpone", aunque no se las obligará a hacerlo por la vía legal. El
gobierno ve factible que este acuerdo pueda alcanzarse "por consenso",
por medio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque el Partido
Popular le reprochó ayer que por esta vía está renunciando a contener el gasto.

 

La reforma legal
anunciada por Zapatero vinculará cualquier aumento del gasto a la previsión de
crecimiento de PIB nominal a medio plazo y a la evolución del déficit. También
se fijaría por ley qué destino dar a posibles superávits. Con este enfoque,
Zapatero renuncia a imponer un techo de gasto fijo, independiente de los ciclos
económicos, como sí hizo unilateralmente Alemania hace dos años al fijar en su
Constitución el límite del déficit a un 0,35% del PIB a partir del 2016.

 

La canciller
alemana, Angela Merkel, trató de imponer su Schuldenbremse a los socios
europeos como parte del pacto por el euro, pero finalmente se ha conformado con
que limiten el gasto por medios legales pero sin llegar a modificar sus
respectivas constituciones.

 

Mejorar la
sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales es uno de los requerimientos
de la nueva estrategia europea para mejorar la competitividad económica.
Zapatero anunció también reformas en sus otros ámbitos, como el empleo (una
ofensiva para hacer aflorar el mercado negro, algo que la UE lleva varios años
reclamando a España), la educación (la reforma de la formación profesional) y,
en especial, la competitividad. En este capítulo el Gobierno prevé medidas como
la aprobación de un proyecto de ley antes de finales de abril para reformar la
negociación colectiva, una nueva ley concursal y una nueva ley de servicios para
aligerar las obligaciones de colegialización a ciertas profesiones.

 

Zapatero anunció
además la creación de una comisión asesora de competitividad que realizará
"análisis rigurosos" sobre la evolución de este indicador. El
presidente del Gobierno detallará hoy el contenido de estas medidas en una
reunión en el palacio de la Moncloa con los máximos responsables de 44 grandes
empresas españolas y el líder de la patronal CEOE, Juan Rosell.

 

Aunque no
trascendió su contenido, también Alemania, Francia y Bélgica presentaron a sus
socios europeos compromisos de reformas para empezar a dar cumplimiento al
nuevo pacto por el euro. Es, en realidad, una suerte de pacto entre caballeros
ya que no hay más forma de controlar su cumplimiento que confiar en la palabra
dada por los respectivos gobernantes. Rodríguez Zapatero presentó estas medidas
no como una imposición de Bruselas o Berlín sino como un paso más en el proceso
de reformas iniciado, dijo, "antes de que estallara la crisis de deuda
griega".

 

Zapatero destacó
ayer cómo el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos europeos de reducción
del déficit público y descartó que la crisis política y financiera de Portugal
pueda tener algún efecto de contagio sobre la economía española. Las reformas
económicas anunciadas, subrayó, no responden a un temor en ese sentido.

 

"Creo que
estamos en una senda de estabilidad y que, más allá de la situación de
Portugal, que espero que no dé lugar a ninguna nueva crisis de deuda, nuestra
tarea la vamos a hacer. No urge más o menos por la situación de Portugal",
enfatizó el presidente del Gobierno, que manifestó su respaldo a José Sócrates,
el dimisionario primer ministro luso.

 

Los líderes
europeos expresaron ayer su confianza en que Portugal pueda cumplir por sí solo
con sus obligaciones financieras (el Gobierno de Sócrates asegura tener
recursos suficientes para cubrir sus obligaciones de pagos de abril, unos 4.500
millones de euros) y restaron importancia a que no se haya formalizado el
acuerdo para garantizar que el actual fondo de rescate temporal pueda prestar
los 440.000 millones de euros prometidos y no sólo la mitad, como ocurre
actualmente por razones técnicas. Según Zapatero, tiene "volumen
suficiente y recursos suficientes para dar respuesta ante una situación que así
lo exigiera".

 

Los líderes de
la eurozona oficializaron ayer el acuerdo para contar con un fondo de rescate
permanente desde mediados del 2013. Para que entre en vigor será necesario
reformar el tratado de Lisboa. Es algo más que un mero trámite. Los últimos
procesos de ratificación en los parlamentos nacionales lo demuestran.

(La Vanguardia,
26-03-2011)

 

La economía de Estados Unidos crece un 3,1% en el
cuarto trimestre

Estados Unidos
revisó ayer al alza su producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre del
2010. Según los cálculos definitivos, creció un 3,1%, lo que permitió que la
media del año quedara en el 2,9%, la mayor en un quinquenio. Este repunte
respecto al trimestre anterior (2,6%) revela una aceleración a fin de año,
impulsada por un aumento del gasto de los consumidores y por el incremento de
las exportaciones.

(La Vanguardia,
26-03-2011)

 

La economía francesa crece un 1,5 %

El Producto
Interior Bruto (PIB) francés creció un 1,5% en el 2010, gracias a una
progresión en el cuarto trimestre del 0,4%. El cambio se debe a una mejora en
la actividad del transporte de mercancías por carretera y a un menor consumo de
servicios sanitarios.

(La Vanguardia,
26-03-2011)

 

Los precios industriales suben un 7,6%

Los precios
industriales subieron en febrero un 7,6% en términos interanuales, registrando
así la tasa más alta desde septiembre del 2008, según informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística. Los precios encadenan así quince meses de subidas
interanuales consecutivas.

(La Vanguardia,
26-03-2011)

 

El Gobierno dará incentivos para aflorar la
economía sumergida

No están todas
las que son ni son todas las que están, pero Zapatero presentó ayer en el
Consejo Europeo una lista con ocho medidas para mejorar la solvencia y la
competitividad de la economía española y convencer a los mercados de que sigue
firme en la senda del ajuste y está a resguardo de las turbulencias que pueda
provocar la crisis portuguesa. Entre las reformas que son parte del Pacto del
Euro y no figuran en la carta que Zapatero dirigió al presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy, destaca el aplazamiento de la edad de jubilación,
que ya se da por amortizado. Entre las que están y no son, o al menos no son
todavía, figuran la reforma de la negociación colectiva y el techo de gasto
para el conjunto de las Administraciones públicas, pendientes de un acuerdo
entre los agentes sociales y con las comunidades autónomas, respectivamente.

 

El presidente se
escudó en las negociaciones pendientes para no ofrecer detalles de muchas de
estas medidas, que el miércoles anunció a los sindicatos y hoy explicará en La
Moncloa a la patronal y directivos de más de 40 grandes empresas que operan en
el mercado español. En realidad, Zapatero no fue mucho más allá de su mero
enunciado, pues hasta abril no debe detallarlas a las instituciones europeas.

 

Las medidas más
novedosas son las referidas al afloramiento de la económica sumergida y a la
imposición de un límite al gasto público. Respecto a la primera, anunció la
aprobación el mes próximo de un plan para legalizar el empleo irregular
mediante la concesión de incentivos y durante un periodo de tiempo limitado: de
junio de este año a diciembre de 2012. Zapatero no quiso hablar de amnistía ni
tampoco evaluar el volumen de la economía sumergida, que algunos expertos
elevan hasta el 20% del producto interior bruto (PIB) español.

 

Para atajar el
déficit público, anunció la incorporación de una regla de gasto que
"refuerce" la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tenga en cuenta el
crecimiento del PIB a medio plazo. Esta regla, que limitará la capacidad de
gasto de las Administraciones, será de obligado cumplimiento para el Gobierno
central y se propondrá a las comunidades autónomas para que la incorporen a su
normativa interna. Zapatero abogó por tener en cuenta la existencia de déficit
excesivo o superávit y por condicionar el destino de este último -por ejemplo,
la amortización de deuda-, pero se remitió al próximo debate en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque insistió en que respeta la
autonomía de las comunidades, se mostró confiado en lograr un acuerdo con el
PP, que se aplique al menos a las Administraciones que gobiernan ambos
partidos. Según el plan del Gobierno, los cambios legales deberían estar listos
después del verano.

 

Estas son las
otras medidas anunciadas ayer por Zapatero:

 

- El Gobierno
espera que sindicatos y empresarios cierren en breve un acuerdo sobre la
reforma del marco de la negociación colectiva, que se plasmará en un proyecto
de ley antes de finales de abril. Zapatero aseguró que "no hay ninguna
urgencia si quedan 15 ó 20 días para el acuerdo", ya que este
"aportará confianza" en la recuperación de la economía española.

 

- Se aprobará un
proyecto de ley de servicios profesionales que desarrolle íntegramente la
directiva europea, limitando las reservas de actividad y la obligatoriedad de
la colegiación, lo que redundará en mayor competencia y reducción de costes.

 

- El Consejo de
Ministros creará el viernes próximo una Comisión Asesora de Competitividad, formada
por siete sabios, cuya función será realizar un análisis riguroso e
independiente de la evolución de la competitividad.

 

- El proyecto de
ley concursal, aprobado el pasado día 18, facilitará que las empresas que se
declaren en concurso de acreedores puedan refinanciar su deuda y no verse
abocadas al cierre.

 

- Se
desarrollarán las políticas activas de empleo, mediante planes anuales
negociados con autonomías y agentes sociales. En los próximos seis meses, una
batería de decretos mejorará el acceso a la Formación Profesional, su calidad y
su adaptación al mercado de trabajo.

 

- Se reafirma el
compromiso de culminar, antes del próximo 30 de septiembre, la adaptación del
sistema financiero a los requisitos reforzados de capitalización. Las entidades
presentarán su estrategia para cumplir los requisitos antes de final de marzo.
Cualquier deficiencia adicional, como consecuencia de los test de estrés que se
van a realizar, será cubierta por las propias entidades o por el FROB, el fondo
de reestructuración bancaria.

 

De los 17 países
del euro y los seis de la Unión Europea que se han comprometido con el Pacto
del Euro (Polonia, Bulgaria, Rumanía, Dinamarca, Lituania y Letonia) solamente
cuatro, España, Francia, Alemania y Bélgica, anticiparon ayer sus compromisos.
El resto de los países tiene que efectuarlo antes del próximo mes de junio.

 

En su carta,
Francia presentó varias medidas encaminadas a reforzar la competitividad,
fomentar la contratación de jóvenes, potenciar la investigación y el desarrollo
y revisar su última reforma de las pensiones. El fortalecimiento de la
competitividad se apoya en un ambicioso plan de apoyo a la universidad y a la
investigación que contará con una dotación de 35.000 millones de euros, de los
cuales 21.900 millones se dedicarán específicamente a la enseñanza superior y a
la investigación.

 

En cuanto al
programa de formación alternativa se establece el objetivo de incorporar entre
600.000 y 800.000 jóvenes al mundo laboral. También una revisión del impacto de
la reforma de las pensiones que elevará la edad de jubilación de los 60 años a
los 62 años para el año 2018.

 

Las propuestas
de Bélgica son más genéricas debido a la falta de un Gobierno estable. Las
autoridades belgas explican que han enviado al Parlamento una propuesta para
reducir el déficit público al 3% del PIB en el año 2012 y lograr el equilibrio
presupuestario en 2015.

(El País,
26-03-2011)

 

Portugal se bate entre la presión de los mercados y
las exigencias de Bruselas

La situación
financiera de Portugal continuó agravándose ayer a pesar de las proclamas de su
presidente dimisionario, José Sócrates, que volvió a reiterar con énfasis que
su país "no necesita acudir al fondo de rescate". Sin embargo, los
mercados continuaron presionando al alza el precio para financiar la deuda
portuguesa estimulados por las rebajas de las últimas horas de las agencias de
calificación Fitch y Standard & Poor's. Los bonos a 10 años rebasaron por
primera vez el rendimiento del 8%, mientras que se amplió la diferencia con el
bono alemán 13 puntos básicos hasta situarse en 474 puntos. El Estado portugués
deberá recabar los fondos suficientes para reembolsar un préstamo de 4.200
millones de euros que vence en abril y otro de 4.900 millones el 15 de junio.
Juncker y otros altos mandatarios europeos aseguraron de todas formas que en la
cumbre no se discutió el asunto del rescate de Portugal.

 

Con este
panorama de fondo, la canciller alemana, Angela Merkel, se sumó a las
exigencias planteadas el día anterior por Jean-Claude Trichet y Jean-Claude Juncker,
presidentes respectivamente del Banco Central Europeo y del Eurogrupo, en el
sentido de que Portugal tenía que cumplir sus objetivos de déficit cualquiera
que fuera el Gobierno que se formara.

 

Merkel fue muy
precisa al señalar: "No es suficiente decir 'estamos de acuerdo con los
objetivos [reducción del déficit] impuestos por la Comisión Europea y el BCE',
sino que es necesario decir también públicamente y claramente qué medidas se
proponen para alcanzar estos objetivos". El Gobierno portugués y la oposición
se habían comprometido a reducir el déficit público hasta el 3% en 2012 y el 2%
en 2013. Las medidas para lograrlo, que prevén un fuerte recorte de las
pensiones y del gasto público, fueron rechazadas por el Parlamento portugués
esta semana provocando la dimisión del presidente.

 

Sócrates aseguró
que no deseaba para su país pasar por el rescate. "Yo ya sé lo que
significa, lo que significó para los griegos y para los irlandeses y no quiero
esto para mi país". En la conferencia de prensa posterior a la cumbre
afirmó que "la idea de que se defendería mejor Europa si Portugal pide
ayuda externa es un idea infantil". "Porque todos saben",
añadió, "que esto perjudicará al prestigio de Europa, a la moneda única y
lo peor es que, si Portugal cayese, ello significaría que aumentarían los
riesgos para otros países".

 

Juncker, que el
día anterior había considerado como "apropiada" la cifra de 75.000
millones la cuantía del posible rescate de Portugal, señaló ayer: "No nos
corresponde a nosotros pedir a Portugal que solicite ayuda, eso corresponde al
Gobierno portugués". Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, expresó su convencimiento de que Portugal garantizará su
estabilidad y financiación.

(El País,
26-03-2011)

 

Los líderes de la UE sientan la base del gobierno
económico

Las bases de la
arquitectura del gobierno económico de la UE quedaron establecidas ayer en el
amplio acuerdo alcanzado por los líderes de los Veintisiete países de la UE.
Además de política monetaria, la Unión empezará a contar con los primeros
instrumentos para elaborar una política económica europea común. El Consejo
Europeo aprobó ayer los instrumentos para esta mayor gobernanza económica que
son el Pacto por el Euro Plus, el fondo de rescate (Mecanismo Europeo de
Estabilidad, MEDE), las seis propuestas legislativas que refuerzan la
vigilancia presupuestaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la
realización de pruebas de resistencia más severa a la banca.

 

El presidente
del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, recordó ayer que hace exactamente un
año, el Consejo Europeo decidió mejorar la gobernanza económica, lanzando el
Grupo Especial para ello. "Un año después hemos sido testigos de un cambio
radical".

 

La canciller
alemana, Angela Merkel, que ha tenido un protagonismo destacado en la
definición de estos nuevos instrumentos aseguró que "el euro había pasado
una prueba" y se ha "engrandecido Europa" y admitió que
"entre febrero de 2010 [cuando estalló la crisis de Grecia] y la situación
de hoy se puede decir que se ha hecho mucho". En su opinión el nuevo
paquete de leyes e instrumentos adaptados ayer es "adecuado para estar
mejor armados" pero no ocultó ciertas dudas al señalar que "el futuro
decidirá si estamos definitivamente bien armados".

 

El Pacto por el
Euro Plus consiste en una serie de compromisos que deben asumir los miembros
del euro y los demás países de la UE que voluntariamente deseen suscribirlo
para impulsar la competitividad (a base de la contención salarial), fomentar el
empleo (reformas del mercado laboral); asegurar la sostenibilidad de las
finanzas públicas (control del gasto en pensiones, sanidad y prestaciones
sociales) y reforzar la estabilidad financiera (reforma de la supervisión y
nuevas pruebas de resistencia a la banca).

 

El Pacto del
Euro Plus, suscrito por el momento por otros seis países (Polonia, Dinamarca,
Bulgaria, Rumanía, Lituania y Letonia) tiene su origen en las exigencias
alemanas de exigir mayores esfuerzos a los países para mejorar su
competitividad y como condición de que Alemania aceptara un fondo de rescate
para los países con dificultades como ha sido el caso de Grecia e Irlanda.

 

El Consejo
Europeo aprobó también crear a partir de 2013 el MEDE que prevé un fondo de
500.000 millones efectivamente disponibles y del que Alemania es su principal
contribuyente con el 27,1%.

 

El fondo contará
con un capital desembolsado de 80.000 millones. Merkel exigió el pasado jueves
modificar el acuerdo de los ministros del Ecofin del pasado lunes, que había
decidido que la mitad de la dotación del capital debería estar disponible en
2013 y el resto en los tres años siguientes. Ayer los líderes tuvieron que
plegarse a las exigencias de Merkel y decidieron que el capital desembolsado se
aportará en cinco plazos anuales iguales, a pesar de las protestas de Holanda e
Italia.

 

Van Rompuy dio
también por resuelto el aumento de la dotación del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF), para que disponga efectivamente de 440.000 millones, dando
por seguro que se aprobará en junio. El FEEF, fue el fondo de emergencia que se
creó el pasado mayo y solo se ha empleado una pequeña parte del mismo (22.500
millones), puesto que la anterior ayuda a Grecia fue a través de préstamos
bilaterales. La no aprobación del FEEF plantea serias incógnitas, debido a la
necesidad de su uso para Portugal o Irlanda, que la semana próxima revelará la
verdadera situación de sus bancos.

 

Las seis
disposiciones legislativas aprobadas ayer para reforzar la gobernanza
económica, incluyen una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
refuerzan la vigilancia presupuestaria y se establecen nuevas disposiciones
para reducir los desequilibrios macroeconómicos.

(El País,
26-03-2011)

 

La construcción de viviendas apenas llega ya al 10%
de la etapa del 'boom'

Del sector de la
construcción de viviendas, el catalizador de crecimiento económico y empleo
durante una década, ya no quedan sino los cimientos. El estallido de la
burbuja, que alentó una expansión desaforada entre 1997 y 2007, ha resultado
para las constructoras (y los que las financiaban) un potente explosivo de
efectos retardados. El sector encadena tres años en derribo, hasta llegar a
unas cifras casi irrelevantes: en 2010 se comenzaron 63.090 viviendas de precio
libre, ni un 10% de las 665.000 de 2006, el año álgido del boom inmobiliario.

 

A la borrachera
del ladrillo le sigue ahora la peor de las resacas.El descenso en el número de
viviendas de precio libre iniciadas en 2010, un 21,5% menos que el año
anterior, con ser notable, es mucho más moderado que en los dos ejercicios
precedentes. Entonces se pasó de empezar 532.117 casas (2007) a comenzar la
obra de apenas 80.000 (2009).

 

No hay
precedentes en la serie estadística del Ministerio de Fomento, que arranca en
1990, de una intensidad tan baja. Los datos recopilados por los colegios de
arquitectos a partir de los visados concedidos, que sirven como aproximación a
las viviendas iniciadas, permiten bucear hasta 1960. Solo en los dos primeros
años de aquella década se registró el comienzo de tan pocas casas de precio
libre. Pero en 1960 vivían en España 30 millones de personas, ahora más de 47
millones. Y medio siglo atrás, el número de turistas extranjeros no llegaba a
tres millones.

 

El año 1960 fue
el banderazo de salida para una etapa de expansión en el sector inmobiliario;
2010 será, en el mejor de los casos, el punto de partida de una travesía del
desierto, para digerir el millón de viviendas nuevas sin vender acumulado,
según cálculos del Banco de España.

 

Otra diferencia
notable: hace medio siglo, la construcción de vivienda protegida, impulsada por
los planes desarrollistas del régimen de Franco, llegó a duplicar el número de
casas de precio libre iniciadas. Ahora, el parapeto de la vivienda de
protección oficial (VPO) da para mucho menos. Es cierto que el año pasado se
comenzaron casi tantas obras de vivienda protegida (algo más de 60.000) como de
precio libre, algo inédito en las últimas décadas. Pero el recorte de la
inversión pública y las dificultades de financiación han provocado aquí también
un retroceso significativo: se iniciaron un 33% menos de viviendas protegidas
que en 2008.

 

Tras tres años
de caídas a plomo, la construcción de vivienda de precio libre se ha convertido
en muchos territorios en una actividad testimonial. En la Comunidad Valenciana se
empezaron en el trienio 2004-2006 más de 85.000 casas y pisos al año, en 2010
fueron apenas 4.000. En algunas áreas del levante como Castellón (464 viviendas
libres iniciadas el año pasado) o Almería (385) se empezó la construcción de
menos casas que en provincias castellanas con serios problemas de
despoblamiento. Ambas provincias, cuando eran el epicentro del boom registraban
más de 22.000 viviendas iniciadas al año. Toledo, que llegó a rondar las 30.000
al calor del desarrollo de la capital, ahora no pasa de 2.000.

 

La actividad se
concentra ahora en la culminación de obras iniciadas. En 2010 se terminaron
218.572 viviendas de precio libre, apenas un tercio de las que se acababan en
2006. Pero se vendieron solo 170.000 casas nuevas, con lo que el stock -y la
presión para que los precios bajen más que el 13% acumulado en tres años de
leves descensos- vuelve a aumentar.

(El País,
26-03-2011)

 

 Sector

Guerrero toma las riendas de un notariado
dividido

El nuevo presidente de los
fedatarios ha sido votado por 12 decanos. Los cinco restantes abandonaron el
Pleno como muestra de rechazo al modo en que se ha desarrollado el proceso
electoral.

 

El Consejo del Notariado
eligió ayer nuevo presidente en una tensa sesión plenaria. Javier Guerrero ha
tomado las riendas de la institución tras la renuncia por motivos “personales y
profesionales” el pasado lunes de Antonio Ojeda, nueve meses antes de
jubilarse.

 

Guerrero recibió el voto
favorable de 12 de los 17 decanos que integran el Consejo que, según un
comunicado de la corporación, representan al 57,61% de los más de 3.000
notarios españoles.

 

Los cinco decanos restantes
se ausentaron del Pleno en señal de protesta por el modo en que se ha desarrollado
el proceso electoral. Se trata de los decanos de Aragón, Eloy Jiménez;
Cataluña, Joan Carles Ollé; Castilla-La Mancha, Palmira Delgado; Castilla y
León, Francisco Fernández Trías, y Madrid, Ignacio Solís.

 

Tres de los cinco decanos que
protagonizaron el plante han explicado a EXPANSIÓN los motivos que les han
llevado a tomar esta decisión. “Es muy poco democrático dar un plazo de 48
horas para celebrar un proceso electoral”, afirman. Asimismo, indican que, el
escaso plazo en el que se ha producido el relevo, “aún habiéndose ajustado al
Reglamento, impedía la presentación de candidaturas alternativas”.

 

Por ello, ayer pidieron en el
Pleno que se suspendiera el proceso entre 10 y 15 días e, incluso, han
trasladado la posibilidad de “lograr una candidatura de integración que permita
superar la fractura actual” que se vive en el seno de la institución,
señalaron. Tras ser rechazadas sus peticiones y habérseles negado, según su
versión, “reunirse durante diez minutos”, tomaron la determinación de
marcharse.

 

Desde el Consejo, sin
embargo, consideran que la actuación de este grupo al abandonar la reunión sin
votar ha supuesto una “dejación de su deber de participar en la institución
representantiva del notariado”.

 

Tras el incidente y, una vez
nombrado presidente, Guerrero ha agradecido a Antonio Ojeda su dedicación y
entrega al Consejo en los más de dos años que ha ocupado su presidencia y los
cuatro anteriores en los que fue vicepresidente.

El nuevo dirigente de los
fedatarios marca una línea de continuidad con la etapa anterior. De hecho, ha
asegurado que dedicará su mandato a “consolidar el modelo de notariado que sus
antecesores en el cargo y él mismo llevan años impulsando”.

 

La jornada se ha desarrollado
en un clima de tirantez debido al cruce de acusaciones que se ha sucedido en
las 48 horas previas y que ha ahondado la situación de división interna que
existe en la institución. La misma fue constatada por el propio Antonio Ojeda
en la carta de despedida que remitió al colectivo el pasado lunes en la que calificaba
de “perjudicial” dicha división.

 

Para paliar esta situación,
Guerrero ya ha anunciado que tratará de reunirse con los decanos disidentes “de
forma inmediata” y que durante su mandato visitará todos los colegios para
explicar sus objetivos al frente de la institución.

 

La tarea que tiene por
delante no es fácil. Joan Carles Ollé, decano del Colegio de Cataluña, afirma
que “Guerrero empieza con mal pie”, ya que el modo en que ha llegado a la
presidencia “no hace sino ahondar la fractura que ya existe”.

 

Guerrero dirigirá a los
fedatarios durante 21 meses –hasta noviembre de 2012–, en los que deberá buscar
soluciones a la situación económica que atraviesa el colectivo, duramente
afectado por la crisis.

 

La clave El Colegio Notarial
de Madrid cree que Ojeda dimitió por la sentencia que anuló las compensaciones
que reciben algunos cargos del Consejo. Antonio Ojeda afirma que “es falso” e
insiste en que se va por motivos “personales y profesionales”.

(Expansión, 28-03-2011)

 

Noticias Prensa 18-03-2011

 

 Fiscal

 

Las empresas aplauden el
impuesto de sociedades europeo

La
Comisión Europea ha dado el primer paso para establecer un impuesto sobre
sociedades armonizado, una medida que llevaba más de 10 años en los cajones de
la Unión Europea. El impulso de Alemania ha sido vital para resucitar un
proyecto que supone un salto cualitativo en la armonización fiscal de la UE.

 

José
María Vallejo, socio responsable del área de Derecho Comunitario de KPMG, alaba
la medida y destaca que "simplificará las cargas administrativas".
Actualmente, una empresa que tenga filiales en distintos Estados miembros debe
presentar declaraciones en cada una de las Administraciones tributarias donde
opere.

 

Si
finalmente se establece un impuesto sobre sociedades a nivel europeo, las
empresas calcularán la base imponible con una sola normativa y pagarán el
tributo a la autoridad fiscal del país en que radique la matriz. Y será el
Estado que recaude el impuesto quien repartirá ese dinero entre los otros
países en función de donde tenga la compañía los empleados, los activos y las
ventas. En este sentido, España saldrá beneficiada, ya que es un mercado
relativamente grande, lo que posibilitará que se amplíe la base imponible
agregada. Por otra parte, Vallejo destaca que las empresas tendrán la
posibilidad de compensar las pérdidas de filiales extranjeras, algo que
actualmente solo se puede hacer de forma excepcional. En cualquier caso, la
armonización no alcanzará a los tipos impositivos. España, con un gravamen del
30%, es el quinto país de la UE con el tipo más alto. Sin embargo, la
legislación española contempla multitud de deducciones y beneficios fiscales
que permiten que el tipo efectivo sea mucho menor, del 18%.

(Cinco
Días, 18-03-2011)

 

 

 Laboral

 

La
empresa familiar reclama que el contrato a menores de 30 años no pague cuotas
dos años

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF),
organización que incluye a algunas de las mayores empresas del país, presentó
ayer su recetario para combatir el paro juvenil, que llega al 43,2%, el doble
de la media europea. Una "lacra" que socava la competitividad de
España y ante la que "Gobierno y empresarios no pueden quedar
indiferentes", en palabras del presidente de la organización y de Mango,
Isak Andic.

 

Entre las medidas incluidas en el decálogo destaca
la bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos
primeros años para los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado
laboral. La propuesta supone, pues, ampliar aún más la exención de cuotas
aprobada con carácter extraordinario (una vigencia de un año) por el Gobierno
en el marco del plan de choque para generar empleo. Éste contemplaba eliminar
durante un año las cuotas en los contratos a tiempo parcial de menores de 30
años o de parados de larga duración.

 

Otra de las propuestas del IEF, presentadas por
Andic y el director general de la organización, Javier Quintana, es crear un
"contrato de aprendizaje", exento de pagos a la Seguridad Social y
"cuya remuneración no esté sujeta a las condiciones económicas previstas
en los convenios colectivos". Las condiciones las deberían discutir los
interesados con el empleador, pero "en ningún caso" se admitiría
rebajar la cota del salario mínimo interprofesional (SMI), situado actualmente
en los 641 euros mensuales.

 

En este sentido, desde el IEF son partidarios de que
sean las propias empresas las que regulen las condiciones laborales, tanto de
los jóvenes como del resto de empleados. Es decir, que se puedan descolgar si
así lo quieren de los convenios de ámbito superior.

 

También abogan por que se destinen 500 de los 7.300
millones del presupuesto de las políticas activas de empleo a programas de
jóvenes en prácticas y talleres de empleo. Asimismo, en su opinión, se debería
orientar la educación a las necesidades reales del mundo laboral.

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

El
fondo para despidos cubrirá ocho días por año trabajado

El Gobierno trabaja ya en el último aspecto que
queda por desarrollar de la reforma laboral: la configuración de un Fondo de
Capitalización. Tomado del modelo austriaco, dicho fondo mantendría durante
toda la vida laboral de los trabajadores una cantidad equivalente a parte de la
indemnización que deberían recibir en caso despido.

 

Según adelantó ayer el ministro de Trabajo,
Valeriano Gómez, tras constituir el grupo de expertos que analizará
alternativas viables para crear el Fondo, éste deberá diseñarse de tal manera
que garantice en torno a ocho días por año trabajado.

 

Poco avanzó Gómez acerca de las muchas incógnitas
que oscilan en torno a este instrumento: cómo se financiará sin aumentar las
cotizaciones sociales, tal y como se acordó en la reforma laboral; y a qué
proporción de trabajadores incluirá. "No quiero adelantar la posición del
Gobierno al respecto sin saber antes las recomendaciones del grupo de expertos",
apuntó el ministro. En cualquier caso, el informe del grupo deberá estar listo
para mayo y la ley podría estar preparada en junio.

 

En cuanto a los convenios, el Gobierno no contempla
un escenario diferente a que patronal y sindicatos alcancen un acuerdo sobre la
reforma de la negociación colectiva. Se trata de una cuestión "de la
máxima importancia", y por eso "no habrá un problema de plazos: los
agentes sociales podrán seguir negociando sin ninguna presión".

 

Eso sí: para que el Ejecutivo no intervenga en el
proceso, cuya fecha límite estaba prevista para mañana sábado, las partes
"deberán dar la semana que viene una muestra de por dónde van".

 

Este es el mensaje con el que se reincorporó ayer a
sus funciones Gómez. Durante su ausencia de semana y media por enfermedad,
patronal y sindicatos han dado a entender que no iban a cumplir los plazos.
Algo que complicaría al Ejecutivo la Cumbre europea del día 24.

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

La
OCDE estima en el 3,5% del PIB el ahorro derivado de la reforma de las
pensiones

La reforma de las pensiones "mejorará
significativamente" la sostenibilidad del sistema español. A esa
conclusión llega un estudio de la OCDE, que añade que el aumento de la
esperanza de vida en Occidente hará insuficientes la mayoría de modificaciones
introducidas en los países miembros.

 

En cuanto a España, las conclusiones a las que llega
el informe son similares a las previsiones que esgrimió el Gobierno cuando
presentó la reforma. El gasto en pensiones se reducirá en un 3,5% del PIB en el
horizonte de 2050, por lo que en dicho año se situará sobre el 12,5%.

 

En cuanto al coste que tendrá la reforma para los
futuros pensionistas, el estudio indica que los ciudadanos que hayan entrado en
el mercado laboral en 2008 percibirán un 73,9% del sueldo medio. Un descenso
que ronda los ocho puntos porcentuales, dado que en la actualidad los
trabajadores retirados reciben una media del 81,2%. Dicho cálculo se ha
realizado de acuerdo con las previsiones estándar de la OCDE (2,5% de inflación
y un crecimiento real de los ingresos del 2%). Teniendo en cuenta los impuestos
y contribuciones pagados sobre las prestaciones de jubilación y sobre los
ingresos durante la vida laboral, la tasa neta de sustitución pasará del 84,9%
al 78,3%, frente a la media de la OCDE del 68,8%.

 

Otro dato llamativo es el de la comparativa de los
años de cotización necesarios para tener derecho a la pensión completa. Según
establece el Acuerdo Social y Económico rubricado por el Gobierno y los agentes
sociales, para retirarse a los 65 años hará falta una carrera de cotización de
38,5 años (35 si la jubilación es a los 67). Otros países barajan reglas más
estrictas. Francia quiere exigir 42 años de cotización e Italia, 40. Y en
Alemania solo será posible retirarse a los 65 con 45 años cotizados.

 

Asimismo, el documento recuerda que en España el
gasto en pensiones es del 9% del PIB, cifra ligeramente superior a la media de
la OCDE y a la de países como Francia o Italia, que rondan el 14%. No obstante,
si se tiene en cuenta la situación demográfica, es "prácticamente"
idéntica.

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

CEOE
vincula el acuerdo sobre convenios a que se adapten al ciclo económico

El vicepresidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de Cepyme, Jesús Terciado,
señaló ayer que la prioridad de la patronal en la negociación colectiva es la
mejora de la flexibilidad interna y la adaptación de las empresas a su ciclo
económico, por lo que advirtió que si los sindicatos entienden esto, habrá
acuerdo. "En caso contrario, será difícil", precisó.

 

Terciado realizó estas declaraciones en una rueda de
prensa anterior a la celebración de la asamblea ordinaria de la Federación
Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), donde apuntó que CEOE está
negociando a marchas forzadas para cerrar un principio de acuerdo. "La
patronal está trabajando para el acuerdo, otra cosa es que sea posible, porque
tenemos solo unos días para alcanzarlo y no deja de haber tremendas
dificultades", indicó Terciado, en alusión al plazo límite fijado por el
Gobierno, que expira el próximo 19 de marzo.

 

El objetivo del Gobierno, tal y como ha desvelado el
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es acudir al Consejo Europeo del 24 de
marzo, en el que presentará sus compromisos de cara al Pacto por el Euro, con
un acuerdo en materia de negociación colectiva. De hecho, Zapatero ha citado a
los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, el día 23 para intentar convencerles sobre la necesidad de cerrar un
acuerdo previo al Consejo. La cita con la patronal se ha fijado para el día 26.

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

La
OCDE asegura que la reforma reducirá las pensiones futuras

La reforma de las pensiones tendrá un impacto
directo sobre las finanzas del Estado pero también sobre el bolsillo del
contribuyente. Concretamente, de media, las pensiones pasarán de representar un
81,2% del salario a un 73,9%, según un informe de la OCDE. El estudio sostiene
que con los cambios pactados por el Gobierno español con los agentes sociales
se reducirá el coste del sistema público de pensiones a largo plazo. Si en
España se hubiera mantenido el modelo de jubilación, en el 2050 el coste sería
de más del 15% del producto interior bruto (PIB), con lo que se colocaría a la
cabeza de varios países del entorno y lejos de la media de la OCDE. Sin
embargo, las medidas puestas en marcha permiten un ahorro del 3,5% del PIB. Así
pues, el coste de aquí a 39 años estaría en el entorno de 11,5%. Fuentes del
Ministerio de Trabajo, que dirige Valeriano Gómez, señalaron ayer que las
cifras del informe no difieren de las que manejan ellos. Esa reducción de los
costes tiene un efecto directo también sobre las pensiones que cobrarán los
ciudadanos. El informe constata que de media las pensiones que cobrarán los
empleados actuales en el futuro equivaldrán al 73,9% del salario. En cambio,
con el sistema anterior, el porcentaje sería superior en 7,3 puntos
porcentuales. La razón es por el "cambio en la medida de los ingresos
utilizados para calcular la prestación". El pacto alcanzado prevé retrasar
la edad de jubilación de los 65 a los 67. En esos casos será necesario
acreditar 37 años de cotización para alcanzar una prestación del 100% de la
pensión. Sólo podrán seguir jubilándose a los 65 los que coticen 38,5 años.
Carmen López, secretaria de política social de la UGT, negó ayer que vayan a
bajar las pensiones. "En lo que hemos firmado no dice nada de eso y además
no podemos prever cuál será la situación. Sí que creemos que los salarios
crecerán, las mujeres tendrán un sueldo equivalente al 100% del de los hombres
y, por lo tanto, la pensión tiene que subir", añadió. Carlos Bravo,
secretario confederal de Seguridad Social de CC.OO., señaló ayer que "las
pensiones seguirán creciendo" y recordó que el informe no es nada más que
una proyección y que el único dato cierto es que en el futuro habrá 15 millones
de pensionistas. Según la institución internacional, las pensiones españolas se
reducirán en relación con el salario, el porcentaje seguirá siendo superior a
la mayoría de los países del entorno. De forma general, la OCDE señaló ayer que
a la vista de los informes la única alternativa para mantener los actuales
sistemas de pensiones es elevar la edad de jubilación, en línea con lo que ha
hecho España. "Trabajar más tiempo, incluso aunque sea muy difícil para
personas que no lo desean, es la dolorosa última opción", indicó ayer la
encargada de política social de la OCDE, Monika Queisser. La edad de jubilación
media es de 65 años en gran parte de los países de la OCDE.

(La Vanguardia, 18-03-2011)

 

La
gran industria pide que no haya convenios de sector

Las grandes patronales industriales han pedido a la
CEOE que garantice su actual marco de negociación, en el que carecen de
convenios sectoriales. La organización que dirige Juan Rosell se ha dirigido a
las asociaciones para conocer de primera mano su posición ante la reforma de la
negociación colectiva, que ya está en su recta final.

 

La primera sorpresa ha sido que las grandes
patronales como el automóvil, las eléctricas y las telecomunicaciones quieren
mantener su actual situación en la que las empresas negocian de forma directa
el convenio con los sindicatos. Ese modelo, arguyen, les da mayor flexibilidad
y ha permitido acuerdos que han sido referencia. Es el caso de los acuerdo de
las empresas automovilísticas, que han pactado bolsas de horas para hacer
frente a los descensos de la producción. Hoy existen 90 convenios sectoriales.

 

Uno de los puntos calientes de la negociación es la
fórmula final que tendrá la llamada cláusula de descuelgue. Las empresas
estiman que la fórmula pactada en la reforma laboral hay que mejorarla. Los
trámites que se exigen son complejos y pasados dos años se les obliga a
reincorporarse al convenio, por eso piden mayor flexibilidad a la hora de
reinstaurar las condiciones laborales.

 

Otro elemento clave es el arbitraje para garantizar
la caducidad de los convenios. La doctrina jurídica sostiene que un acuerdo
entre la CEOE, Cepyme, UGT y CC. OO. permitiría introducir una cláusula que
comprometiera a los agentes sociales a llegar a un acuerdo finalizada la
vigencia del convenio. Esto evitaría que los sindicatos entren en los consejos.
El vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Jesús Terciado, explicó
ayer que la prioridad de la patronal es la mejora de la flexibilidad interna y
si lo entienden los sindicatos "habrá acuerdo".

(La Vanguardia, 18-03-2011)

 

Trabajo:
no hay ni presión ni prisa para la reforma de los convenios

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró hoy
que por parte del Gobierno no se va a presionar a los agentes sociales para que
acuerden la reforma de la negociación colectiva en un plazo determinado, aunque
matizó que "sería bueno" que la próxima semana hagan público "el
estado de la negociación".

 

"No será un problema de plazos. Si son
necesarios días adicionales para que perfilen su acuerdo dispondrán del tiempo
para hacerlo sin presión alguna ni ninguna prisa", afirmó Gómez en rueda
de prensa tras la constitución de la comisión de expertos que se encargará de
desarrollar el fondo de capitalización del despido.

 

No obstante, hizo hincapié es que sería bueno que la
próxima semana empresarios y sindicatos anunciaran el estado de la negociación,
de forma que se pueda conocer el grado de acuerdo que se ha alcanzado en las
"grandes cuestiones" de la reforma.

 

A dos días de que expire el plazo del 19 de marzo
fijado en la reforma laboral para acometer esta reforma, el ministro confió en
que la situación sea ya de preacuerdo y consideró que a fecha de hoy los
avances son importantes.

 

"Sabemos que el estado de la negociación es
razonable y que ha dado fruto durante este ultimo mes y medio", dijo
Gómez, que aseguró que se trata de una reforma tan importante que "merece
la pena que sea fruto del acuerdo", por lo que esperó que los agentes
sociales sigan persiguiendo "con intensidad" el pacto.

 

En este sentido, insistió en que el Gobierno no
contempla otra opción que no sea la del acuerdo entre los interlocutores
sociales, y que hay un principio de acuerdo sobre la materia firmado el pasado
2 de febrero, dentro del pacto social y económico suscrito por el Ejecutivo,
sindicatos y patronal.

(Expansión, 18-03-2011)

 

 

 Mercantil,
Civil y Administrativo

 

La industria española acusa ya la falta de piezas de Japón

Fue una compañía japonesa,
Toyota, la que desterró de las fábricas los stocks y los sustituyó por una
coordinación extrema con los proveedores. El resto de productores de coches no
tardó en copiar esta iniciativa. Ahora es el país asiático el que, por causas
ajenas a su voluntad, ha sembrado la preocupación sobre cientos de fábricas por
todo el mundo, que siguen con atención los sucesos. Y no solo por las
dimensiones de la tragedia. También por las repercusiones sobre su negocio. La
industria de la automoción y la electrónica son los dos mejores exponentes de
esta situación.

 

La planta más afectada en
España es la de General Motors. La producción de GM en su planta de Figueruelas
(Zaragoza), que cuenta con unos 7.000 trabajadores, "está cubierta" y
no tiene "problemas para esta semana". No obstante, la fábrica
detendrá la cadena de montaje durante el lunes 21 de marzo y la tarde del día
25 por falta de un componente que se fabrica en Japón y que no ha llegado por
el terremoto del 11 de marzo, según explicó ayer a Europa Press Juan José
Arceiz, presidente del comité de empresa. Esto obligará a aplazar la producción
de 2.400 vehículos.

 

Nissan recibe piezas por
barco cada ocho semanas. Por ahora, su stock es suficiente para suplir las
necesidades de la compañía. Una portavoz aseguró que están atendiendo de cerca
la situación y que, tanto los concesionarios como las plantas de Barcelona
(furgonetas y todoterrenos) como la de Ávila (camiones ligeros) cuentan con
existencias para "un futuro inmediato".

 

Algo más holgados son los
plazos con los que trabajan las factorías de Renault en España, que asegura
realiza un seguimiento diario de la situación. Una portavoz de la compañía
explicó ayer que las remesas de piezas llegan por barco en un plazo que oscila
entre dos y tres meses, por lo que aún cuentan con un margen considerable. La
planta de motores de Valladolid sirve el 40% de los motores a toda la alianza Renault-Nissan.

 

El grupo francés PSA
Peugeot-Citroën "está evaluando" los posibles efectos que puede tener
la catástrofe sobre la decena de proveedores que sirven desde Japón "todo
tipo de piezas" y buscando posibles alternativas, si la situación se complica.
Fuentes de la compañía explicaron que cuentan con unas dos semanas de stock.
PSA cuenta con una planta en Vigo y otra en Villaverde (Madrid). La planta de
Ford en Almussafes, en cambio, aseguró no tener constancia de problemas ni de
posibles repercusiones sobre los proveedores.

 

La tragedia en Japón no ha
detenido, hasta ahora, la importación de productos electrónicos desde el país
asiático. Sin embargo, las fuentes consultadas avisan de que pueden surgir
problemas en semanas si persisten los efectos de la catástrofe. Panasonic
España, por ejemplo, ya admite que la importación de cámaras fotográficas se
puede ver afectada parcialmente. Canon ya interrumpió la fabricación de cámaras
en Japón porque no llegan piezas nuevas de los suministradores.

 

Muchos de los mayores
fabricantes mundiales de electrónica provienen del castigado país asiático y
tienen sus plantas allí. Incluso las compañías que no tienen fábricas en la
región noreste de Japón pueden sufrir problemas indirectos en sus proveedores.

 

Así, Panasonic España explicó
que "inicialmente puede haber alguna afectación" en el suministro de
cámaras digitales fabricadas en Japón. "Pero, aún así, no se esperan
restricciones importantes en ningún producto de momento", añadió. Según
expertos en el mercado electrónico japonés, Panasonic podría ser una de las
empresas más perjudicadas porque el terremoto ha afectado directamente a
unidades que fabrican cámaras, piezas electrónicas y electrodomésticos.

 

Otro fabricante de cámaras
que puede tener problemas es Canon. Tras el terremoto, la compañía ha cerrado
cuatro fábricas, incluso una unidad en Kyushu, al sur, en un área no
perjudicada por la tragedia, porque este productor estaba teniendo dificultades
para obtener piezas para los equipamientos. Mientras, ayer helicópteros
militares y camiones-cisterna arrojaron toneladas de agua marina en un intento
desesperado por enfriar el reactor número tres de la planta de Fukushima
(noreste de Japón), que emite elevados niveles de radiación. El terremoto y
posterior tsunami ha provocado ya al menos 5.429 muertos y 9.594 desaparecidos,
aunque se teme que la cifra final se incremente en municipios de las provincias
más afectadas, como Iwate, Miyagi y Fukushima.

 

Las autoridades niponas
incrementaron en unos 28.000 el número de evacuados en las localidades cercanas
a la planta nuclear, que fueron reubicados en las provincias de Fukushima.
Además, alrededor de 10 millones de hogares se vieron afectados por los planes
de recortes en el suministro de la compañía operadora de la planta de
Fukushima, según la agencia local Kyodo.

 

Por su parte, ayer se
sucedieron las declaraciones políticas sobre la conveniencia de la energía
nuclear, entre las que destacaron las de la canciller alemana. Angela Merkel
abogó por superar la tecnología atómica, que sigue siendo una "fuente
transitoria de energía", y por "alcanzar la era de las energías
renovables lo antes posible". Merkel dio marcha atrás a su popular
decisión del pasado otoño de extender la vida de las centrales nucleares más
viejas y anunció el martes el cierre temporal de las siete plantas construidas
antes de 1980. Desde Bruselas insistieron en tratar de buscar una postura común
para encarar este debate.

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

La subida de las materias primas ya llega al súper

Una nueva amenaza se cierne
sobre la renta disponible de los hogares. A la subida del IVA, de los impuestos
que gravan los hidrocarburos o de los propios carburantes se le va a unir el
encarecimiento de los alimentos, que suponen el 18,1% de la cesta de la compra
de los hogares. En febrero, el precio de esta rúbrica creció un 1,5% en tasa
interanual, lo que supone el ritmo más alto registrado en los dos últimos años
y un cambio de tendencia respecto a la posición adoptada por agricultores,
productores y distribuidores durante la crisis económica, que no ha sido otra
que bajar precios para intentar amortiguar la caída del consumo.

 

En este cambio ha jugado un
papel primordial el encarecimiento del petróleo, cuyo precio ha repuntado con
fuerza en los últimos meses, y el de las materias primas que se utilizan para
la elaboración de los alimentos, que se ha disparado como consecuencia de la
fuerte demanda de las mismas en los países emergentes. Ese encarecimiento de
las materias primas ya se había trasladado a los mercados internacionales, tal
y como había reflejado la FAO, dependiente de la Organización de Naciones
Unidas, en sus últimos indicadores sobre precios. El que aglutina a todos los
productos agrícolas básicos (carne, productos lácteos, cereales, aceites y grasas
y azúcar) se elevó a 236 puntos en febrero, lo que representa el nivel más alto
de la serie histórica, iniciada en 2000. Incluso por encima de los niveles
alcanzados a mediados de 2008, cuando coincidieron una subida histórica del
precio del petróleo (el barril de Brent, de referencia en Europa, llegó a 147
dólares) y una mala cosecha de cereales, que dejó sin existencias a los países
productores y disparó el precio de las importaciones.

 

Sin embargo, ese fuerte
encarecimiento de las materias primas en los mercados internacionales no se
había trasladado todavía a los lineales de supermercados y grandes superficies
en España, debido a la estrategia de todos los agentes de reducir sus márgenes
a cambio de no elevar los precios y así no recortar aún más un consumo
deprimido.

 

Así lo hicieron durante el
pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó un incremento del tipo reducido
del IVA (del 7% al 8%), que afectaba a un gran número de alimentos y materias
primas agrícolas, como fertilizantes o herbicidas. De ese incremento impositivo
tan solo se libraron aquellos productos sujetos al IVA superreducido, que no se
modificó, como pan, harina, leche, frutas y verduras. También actuaron así
frente al aumento del precio del crudo, que en los dos primeros meses del año
se encareció un 20%.

 

Pero no han podido resistir
la subida de las materias primas alimentarias y ya han empezado a transmitir
ese encarecimiento a los precios de venta al público. Y la mayor subida se ha
producido en el caso de las patatas, cuyo precio creció en febrero un 19,7% en
tasa interanual, el ritmo más elevado desde mayo de 2007. En segundo lugar
figura el azúcar, con un incremento anual del 7,6%, el más alto en diez años,
lo que le ha hecho regresar a los precios de hace dos años. El azúcar, de
hecho, es la materia prima que más se ha encarecido en el último año como
consecuencia de la menor producción entre los grandes exportadores. Solo en
enero y febrero, el precio se ha incrementado un 16%.

 

El precio de las 20 rúbricas
analizadas por el INE registró tasas positivas, excepto la carne de ovino
(-0,6%), huevos (-2,3%), leche (-2,3%) y aceites y grasas (-1,9%).

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

Madrid pone condiciones a Blanco para bajar el precio del
transporte

La Comunidad de Madrid está
dispuesta a aceptar el abono de casi 11 millones de euros del Ministerio de
Fomento para aplicar la rebaja del 5% en el transporte público, siempre y
cuando se aplique a todos los usuarios y dicho abono se haga por compensación,
según avanzó ayer el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González.

 

En rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, González explicó que quieren el método de compensación
(la Comunidad deja de pagar distintos conceptos en proporción con el dinero que
le tiene que abonar el Estado) porque esa es la única manera "en la que se
garantiza el pago por parte del Ministerio".

 

El Gobierno regional ha
decidido esto después de que el Ministerio de Fomento les haya informado de que
no aceptan la propuesta lanzada la semana pasada sobre la bajada de cuatro
puntos en el IVA del transporte, pasando del 8% al 4%. Desde Fomento les han
explicado, según González, que "el Gobierno de España no contempla esa
posibilidad".

 

Pese a todo, el
vicepresidente de la Comunidad destacó que sigue sin estar de acuerdo con esta
propuesta de Fomento, a la que tilda de "ocurrencia", ya que, a su
juicio, no va a conseguir ningún ahorro de energía, pese a que fue el objetivo
con el que fue aprobada. "Es evidente que va a ser así si se tiene en cuenta
que es una medida que se quiere aplicar durante tres meses; que no es
generalizada a todos los usuarios (el 40% que no utiliza el ferrocarril queda
excluido) y que no desincentiva el uso del transporte privado frente al
público", asegura.

(Cinco Días, 18-03-2011)

 

El comercio on line crece un 26% y bate récords

El comercio electrónico en
España creció un 26,5% en el tercer trimestre del 2010 hasta facturar 1.901,4
millones de euros, según informó la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT). El informe de comercio electrónico del tercer
trimestre del 2010 elaborado por la CMT también revela que las empresas
españolas facturaron entre julio y septiembre 1.062,1 millones de euros entre
ventas en el mercado interno y en el exterior, mientras que los 839,3 millones
restantes los ingresaron empresas extranjeras.

 

La CMT destacó que este fue
el sexto trimestre consecutivo de récords en ingresos. El número de
operaciones, según la CMT, fue de 24,2 millones, un 30,4% más que el año
precedente, y el importe medio fue de 78,6 euros por cada transacción, un 2,1%
superior al trimestre anterior. Por sectores, los que más vendieron por
internet fueron el turismo y los viajes, que generaron 804,3 millones de euros
de ingresos, lo que supuso el 42,3% del total. Les siguieron la mercadotecnia
directa, con 112,2 millones de euros de facturación; los juegos de azar y
apuestas, con 106,5 millones; y los espectáculos y eventos deportivos y
recreativos, con 79,9 millones. Entre los diez primeros también estuvieron los
electrodomésticos, con 38 millones de euros de facturación, y el textil, que
experimentó una bajada de8 millones de euros respecto a los ingresos generados
durante el segundo trimestre del 2010 hasta situarse en 40 millones de euros.

 

El volumen de negocio
generado desde el exterior en sitios web españoles fue de 233 millones de
euros, un 12,3% de la facturación on line total. La mayoría de esta facturación
(el 77,4% del total) provino de países de la Unión Europea, mientras que los
ingresos por compras realizadas desde países latinoamericanos en España
supusieron un 6,2%. Las compras de españoles en el mercado interno crecieron un
27,45% interanual hasta los 829,1 millones de euros, mientras que las
operaciones en el exterior aumentaron un 23,7%.

(La Vanguardia, 18-03-2011)

 

Los transportistas piden al Gobierno medidas urgentes contra
las petroleras

La Federación Nacional de
Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) pide al Gobierno que dicte un
paquete de medidas urgente en el sector de la distribución de los carburantes,
que acabe con la actual situación de monopolio, que aplican las compañías
petroleras. Fenadismer calificó ayer de "explosiva" la actual
situación del sector que considera que puede desembocar en un paro.

(La Vanguardia, 18-03-2011)

 

El Gobierno recaudará al menos 880 millones de las
frecuencias de móvil

El Ministerio de Industria ya
tiene todo listo para repartir las nuevas frecuencias de telefonía móvil y de
paso hacer caja. La subasta, la primera que se celebrará en España de esta
naturaleza, será el método para reasignar la mayor parte de las frecuencias que
quedan libres. Y el Gobierno ya le ha puesto un precio de salida: 713 millones
de euros.

 

Esa es la cantidad mínima que
deberán aportar en total los operadores que pujen por las frecuencias, aunque
el Ejecutivo confía en lograr recaudar al menos el doble al final del proceso.
Así consta en los tres pliegos de condiciones -uno de la subasta y dos por los
concursos- que el departamento que dirige Miguel Sebastián ha remitido a los
operadores y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

 

A ese importe, habrá que
sumar los 168 millones que se exigen, de forma fija, a los adjudicatarios de
los dos concursos con los que se reasignarán el resto de frecuencias. De esta
forma, el ingreso mínimo para el Tesoro será de 881 millones de euros.

 

El pliego más interesante es
el de la subasta, ya que es la primera vez que se utiliza este método en
España, siguiendo el ejemplo de otros países como Alemania o Reino Unido.
Mediante este procedimiento, se sacarán al mercado seis concesiones dentro de
la banda de 800 MHz, una banda muy preciada pues es la que permite una mayor
cobertura en el interior de edificios, con un precio mínimo de salida de 340
millones de euros en total. Asimismo, en la banda de 900 MHz se subastarán dos
concesiones estatales por 338 millones.

 

La banda de 2,6 GHz es la más
compleja. Se subastarán 11 bloques de frecuencia a escala estatal por 20
millones de euros, y otros por cada autonomía y Ceuta y Melilla, por un importe
conjunto de 15 millones de euros.

 

Las pujas se llevarán a cabo
por Internet, utilizado una plataforma electrónica de subastas seguras, que se
autentificarán mediante un certificado digital de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones. La subasta se desarrollará en rondas, que no podrán tener
una duración inferior a 15 minutos ni superior a dos horas, con un máximo de 10
rondas por día. Las pujas se harán por incrementos en porcentajes de 1%, 3%,
5%, 10% y 15% del precio de salida, aunque a lo largo del concurso podrán ser
variados por el criterio de la Mesa. Los licitadores "solo deben disponer
de un PC con navegador web y una versión reciente de Java instalada".

 

El pago para la subasta de
800 MHz y 900 MHz se hará en dos plazos. La mitad en 15 días hábiles desde la
adjudicación, y la otra mitad antes del 1 de junio de 2012. Para la banda de
2,6 GHz, el abono será en su integridad antes de 15 días desde la adjudicación.

 

Aunque el principal valor sea
la recaudación, el ministerio ha introducido una cláusula por la que obliga a
los adjudicatarios de la banda de 800 MHz, la que proviene de las frecuencias
que utilizaba la televisión analógica, a proporcionar antes del 1 de enero de
2020, una cobertura que permita el acceso a una velocidad de 30 megabits por segundo
(Mbps) o superior, al menos, al 90% de los ciudadanos de poblaciones de menos
de 5.000 habitantes. De esta forma, el ministerio quiere asegurarse que en la
fecha citada el 98% de la población española tenga acceso a Internet a 30
megas.

 

Asimismo, para favorecer la
competencia se limitan a 20 MHz los que un mismo operador puede disponer en las
bandas de 800 y 900 MHz y de 115 MHz en las bandas de 1.800 MHz, 2.100 MHz y
2,6 GHz.

 

El Gobierno tiene previsto
aprobar los tres procedimientos la próxima semana de forma que a principios de
abril podría comenzar la subasta, aunque antes deberá recibir las alegaciones
de los operadores, informaron en fuentes de las compañías.

 

En cuanto a los concursos, en
el de la banda de 900 MHz, Telefónica y Vodafone no podrán participar. Y se
valorarán las inversiones en extender la red antes del 31 de diciembre de 2013
para mejorar la cobertura de poblaciones de menos de 5.000 habitantes. El
licitador deberá ingresar 126 millones de euros cuando formalice la concesión y
comprometerse a invertir otros 126 millones en infraestructuras de
comunicaciones móviles antes del 31 de diciembre de 2013.

 

Al concurso de la banda 1.800
MHz, tampoco se podrán presentar Telefónica, Vodafone ni Orange. Los
adjudicatarios deberán ingresar en el Tesoro 14 millones de euros por cada una
de las tres concesiones (42 millones en total), y comprometerse a invertir 20
millones de euros por concesión.

 

No solo el Gobierno se juega
mucho en este proceso, que podría ayudar, aunque fuera mínimamente, a reducir
el déficit público. Las frecuencias, aunque no sean más que divisiones en el
aire, son la materia prima de las que viven las compañías, y les permite tener
más números y ofrecer más servicios a sus clientes. Y no habrá otra ocasión en
muchos años de hacerse con 310 MHz, que quedan libres como consecuencia de la
reordenación de frecuencias de la anterior generación de telefonía móvil (GSM),
-lo que se conoce como refarming- y la que han dejado libres los servicios de
televisión analógica (el llamado dividendo digital).

 

La Comisión Nacional de
Competencia ha criticado el método utilizado porque cree que los fuertes
desembolsos iniciales pueden suponer una barrera de entrada. Así, entiende que
los cuatro grandes operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo) son los
principales beneficiados, impidiendo la entrada de los operadores móviles
virtuales, y dificultando mucho la de nuevos actores (los cableros como Ono).
También ha criticado que las concesiones se prolonguen hasta 2030.

 

No todo será recaudación, ya
que habrá que costear la transición de la nueva televisión digital terrestre,
que obligará, entre otros gastos, a volver a reorientar las antenas y
reprogramar los descodificadores.

(El País, 18-03-2011)

 

 

 Sector

Saavedra reclama protección frente a los ataques
“desmesurados y sin fundamento al Poder Judicial”

La primera edición de los
Premios Puñetas de la Asociación de comunicadores e informadores Jurídicos,
Acijur, ha convocado hoy en la sede de la Asociación de la Prensa, a una parte
muy representativa del sector de la Justicia española. La Sala Segunda del
Supremo recibe el Premio Acijur Puñetas de Oro.

 

 Los premios concedidos por Acijur pretenden
distinguir a las personas o instituciones que más han destacado en el año en su
actividad por la Justicia.

 

Juan Saavedra, presidente de
la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha recibido el Premio Acijur Puñetas de
Oro, ha agradecido el premio otorgado por Acijur indicando que la Sala de lo
Penal “valora perfectamente su significado y su mensaje” refiriéndose a los
ataques “desmesurados y sin fundamento al Poder Judicial” que se han oído en
los últimos tiempos y que han tenido como protagonistas principales a los
magistrados del Alto Tribunal. Al respecto, el presidente de la Sala de lo
Penal afirmó que la Sala “siempre ha aplicado el Derecho, a pesar de los
acontecimientos que nos circundan y a los que no somos ajenos”. Concluyó
señalando que, si el Poder Judicial no fuera independiente, “sería el caos y el
desmoronamiento del Estado de Derecho”. Saavedra cree que es preciso defender
al Poder Judicial de los ataques que recibe.

 

El Premio Acijur Puñetas de
Plata se ha concedido al servicio público de Justicia Gratuita y el Premio
Acijur Puñetas de Bronce a la magistrada de la Audiencia Nacional, Angela
Murillo.

 

El legajo ha recibido la
distinción “Vete a hacer puñetas”, para que de una vez llegue la modernización
a la Justicia española.

 

En el acto de concesión de
estos premios estuvieron presentes el ministro de Justicia, Francisco Caamaño;
el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el presidente de la Sala
de lo Penal de este órgano, Javier Gómez Bermúdez, y numerosos magistrados de
este órgano, como Teresa Palacios, Ángel Hurtado o Alfonso Guevara.

 

Saavedra, que añadió que
"tampoco hay que sobredimensionar el valor de la independencia" de
este órgano, que lo que hace es "lo que tiene que hacer, como los jueces
de toda España".

 

En este sentido, ha añadido
que el problema de la imparcialidad "no es el problema de la Justicia en
España" y que, por su parte, la Sala Segunda "siempre ha aplicado el
derecho al margen de la crítica razonable y de los acontecimientos que le
circundan", que no les son ajenos a sus magistrados.

 

A juicio de Saavedra, la
independencia como derecho y deber inexcusable de los jueces "afecta
también a los demás poderes del Estado, a los medios y a las
corporaciones". Además, ha aludido a la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece "la especial
consideración que tiene que tener la acción de los tribunales con respecto al
derecho a la libertad de expresión". OTROS PREMIOS

 

El Premio ACIJUR 'Puñetas de
Plata' ha sido concedido al Servicio Público de Justicia Gratuita que prestan
los colegios de abogados para garantizar el derecho a la defensa de los
ciudadanos sin recursos. El galardón ha sido recogido por el presidente del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, de manos de la
defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de LLano, que se ha
referido a los abogados de oficio como "los soldados desconocidos de la
Justicia". "Pido a las administraciones concernidas que no decaigan
en este asunto, que es uno de los pilares de la Justicia".

 

De la situación de los
abogados de oficio también ha hablado Carnicer, agradeciendo que este premio,
que ha dicho recoger de parte de los 35.000 letrados que ejercen esta función
en nuestro país, "llega en un momento delicado porque el modelo está en cuestión
y por los conflictos con las comunidades autónomas", en alusión a los
problemas de pago pendiente en territorios como la Comunidad de Madrid. PREMIO
A LA JUEZ ÁNGELA MURILLO

 

El 'Premio ACIJUR Puñetas de
Bronce' ha recaído en la presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, por su "independencia y
determinación" en el desarrollo de sus funciones judiciales.

 

El presidente de la Audiencia
Nacional, Ángel Juanes, ha hecho entrega a Murillo del Galardón destacando su
labor en macrojuicios como los casos "Nécora", "Temple",
"Ucifa" y "EKIN", mientras que la magistrada agradeció el
premio señalando que lleva 19 años en este órgano judicial, al que quiere
"con locura". "Me encantan los macrojuicios", ha afirmado.

 

Finalmente, los informadores
jurídicos han otorgado el contrapremio 'Vete a hacer puñetas' al "legajo
judicial" con el deseo de que "de una vez por todas" llegue la
completa digitalización a la Administración de Justicia, un deseo cuya
importancia ha destacado el ministro de Justicia durante su intervención en el
acto.

 

Caamaño ha señalado que al
legajo "no se le echará en falta" y ha recordado que son muy pocos
los países europeos que han cambiado totalmente el papel por el expediente
digital. "En esto somos adelantados", ha dicho.

 

Se trata de la primera
ocasión en que ACIJUR concede estas distinciones con los que desea reconocer la
buena labor de los profesionales e instituciones del mundo jurídico. La
asociación agrupa desde 2007 a los periodistas dedicados a la información
jurídica y promueve actividades informativas sobre temas de interés
relacionados con esta materia.

(Expansión, 18-03-2011)

 

La abogacía reflexionará en Lisboa sobre el impacto de la
crisis y el futuro

Un gran número de los letrados
más importantes de la Abogacía de los Negocios de España y Portugal se reunirán
el próximo martes 22 de marzo en Lisboa para refelexionar sobre el impacto de
la crisis y cómo gestionar los servicios jurídicos en un mundo cambiante.

 

El foro legal internacional,
que organiza Iberian Lawyer con la colaboración del Innovative Lawyers Report
del Financial Times, también contará con la presencia de abogados de toda
Europa y Estados Unidos. Los participantes también tendrán la ocasión de
reunirse en pequeños grupos de trabajo y compartir sus experiencias.

 

La reunión será moderada por
Peter Cornell, exsocio director global de Clifford Chance y actual director del
fondo de capital riesgo Terra Firma, que explica que “los objetivos durante la
cumbre son descubrir qué está pasando realmente en el mercado, determinar
cuáles son las nuevas necesidades de los clientes y cómo deberían los despachos
adaptarse a dichas necesidades”.

 

Además, por primera vez en la
Península Ibérica se podrá debatir con uno de los mayores expertos mundiales en
la modernización de servicios jurídicos, Richard Susskind, autor del libro “The
End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services”.

 

Algunos de los abogados
españoles que ya han confirmado su presencia en el International Legal Summit
de Lisboa del próximo 22 son: José María Segovia (Uría Menéndez), Manuel Martín
(Gómez-Acebo & Pombo), Pedro Pérez-Llorca (Pérez-Llorca), Joan Roca (Roca
Junyent), Olga García (Banco Santander UK) o Silvia Madrid (Royal Bank of
Scotland Spain & Portugal).

(Expansión, 18-03-2011

Noticias Prensa 16-03-2011

 Fiscal

La UE endurecerá su disciplina fiscal para evitar otra crisis de deuda
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea sellaron ayer un esperado acuerdo para reformar las normas de disciplina presupuestaria con un arsenal renovado de sanciones - más elevadas y más automáticas-para los que incumplan el objetivo de déficit del 3%. Comienza ahora la negociación final con el Parlamento Europeo, que ha presentado alrededor de 2.000 enmiendas a esta reforma legislativa pensada para evitar nuevas crisis de deuda.

Los países que desoigan las recomendaciones del resto de socios para corregir su déficit excesiva podrán ser sancionados y obligados a hacer un depósito de hasta el 0,2% de su PIB. En el caso de España, podría ascender a 2.000 millones de euros. Si el gobierno afectado aplica las sugerencias europeas, podrá recuperarlo. En caso contrario, la fianza se convertirá en multa. El reglamento actual del pacto de estabilidad del euro ya prevé la aplicación de sanciones monetarias, pero nunca se han aplicado. Con la reforma, el sistema gana automatismo y resta margen de maniobra a los gobiernos, aunque no tanto como proponía la Comisión Europea.

El sistema se aplicará también a los países con una deuda pública superior al 60% del PIB, a los que se les obligará a reducirla progresivamente. Además, por primera vez, la UE vigilará y penalizará no sólo los indicadores fiscales sino los desequilibrios económicos de cada país. Entre los indicadores que se incluirá está el porcentaje de deuda privada o la evolución del precio de la vivienda para prevenir la formación de burbujas inmobiliarias.

Este sistema se completará con el debate previo de los presupuestos nacionales, que supone que los gobiernos deberán exponer sus planes a la UE antes de convertirlos en ley. Recibirán recomendaciones de la Comisión Europea y el resto de países, pero no estarán obligados a seguirlas.

Francia calificó la reforma de "muy ambiciosa", España de "extremadamente importante" y el comisario de Economía, Olli Rehn, habló de "paso histórico" en la gobernanza económica europea, pero para el Banco Central Europeo no va lo suficientemente lejos. "Las mejoras previstas", criticó su presidente Jean-Claude Trichet en el debate público final del acuerdo, no sacan suficientes lecciones de la crisis actual y son "insuficientes"; "aún hace falta mejoras", añadió, en referencia a las trabas a la adopción automática de sanciones.

Por otro lado, los ministros de Economía respaldaron a la vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado en sus quejas a la agencia de calificación Moody´s por el momento elegido para rebajar la nota de España y las bases de sus cálculos sobre la situación de su sector financiero, y pidieron a la Comisión Europea que acelere sus planes para controlar más a estas empresas. La propuesta de reglamento que prepara Bruselas debería incluir "calendarios, reglas y principios" sobre la forma de actuar de estas agencias, dijo la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde.

Con todo, Salgado pudo felicitarse por el nulo efecto de la rebaja de Moody´s a la nota de la deuda española, después de que el Tesoro colocara ayer 5.500 millones en letras a 12 y 18 meses a tipos más reducidos que en la anterior subasta. Unos "resultados excelentes", dijo, que demuestran que los mercados atienden más a "los argumentos del Banco de España y el Gobierno". "Es esperanzador", añadió Salgado.
(La Vanguardia, 16-03-2011)

 

 Laboral

Trabajo apremia a patronal y sindicatos a que cierren la reforma de los convenios
El responsable de Seguridad Social fue ayer el encargado de matizar la postura del Gobierno en cuanto a la reforma de la negociación colectiva. Octavio Granado aseguró que es "muy necesario" que los agentes sociales logren el acuerdo antes del 24 de marzo, fecha en la que se celebrará la próxima cumbre de líderes de la UE. Ello "contribuiría a despejar algunas incertidumbres", aseguró, en referencia a que España presentará en dicha cumbre el estado de las reformas que tiene en marcha (pensiones, sector financiero y políticas activas, entre otros).

Las declaraciones de Granado suscriben la opinión de la ministra de Economía, Elena Salgado. Y suponen a la vez la rectificación de Trabajo, dado que la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, afirmó el lunes que los tiempos son "lo de menos".

 

No obstante, el responsable de Seguridad Social no quiso aclarar si el Gobierno acatará la reforma de la estructura de los convenios que acuerden los agentes sociales. Una reforma que encara esta semana su fase decisiva y que, según fuentes próximas a las negociaciones, plantea aún discrepancias importantes en varios frentes. Las partes, eso sí, siguen mostrándose confiadas en alcanzar un acuerdo, en parte gracias al impulso que supuso la firma del Acuerdo Social y Económico el pasado 2 de febrero.

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, recordó ayer que la reforma de la negociación colectiva es responsabilidad exclusiva de los agentes sociales. "El Gobierno se habrá puesto a sí mismo una fecha límite, pero no está en la mesa de negociación", apuntó el líder sindical.

La flexibilidad interna de las empresas, esto es, medidas de ajuste alternativas a los despidos, sigue siendo en opinión de Toxo el aspecto fundamental de la reforma.

Su homólogo de UGT, Cándido Méndez, arremetió contra el contenido del Pacto del Euro, cuyos términos negocian estos días en Bruselas. Se trata de "una injerencia en las políticas nacionales" que los movimientos sindicales europeos no están dispuestos a aceptar.

En este sentido, Méndez expresó su "preocupación" en cuanto al contenido del pacto, que exigirá un mayor peso de la productividad como factor determinante de los salarios. El líder de UGT se mostró partidario de que sindicatos, patronales y Gobiernos europeos concertasen un gran acuerdo social por la recuperación económica y del empleo que valore alternativas al respecto.
(Cinco Días, 16-03-2011)

El Gobierno quiere reducir las duplicidades autonómicas
El Gobierno se plantea alcanzar un pacto con las comunidades autónomas para eliminar las duplicidades existentes entre las distintas administraciones territoriales. El objetivo último es recortar gastos y armonizar la legislación en materias como los horarios comerciales.

El proyecto estará coordinado desde la vicepresidencia tercera del Gobierno y no persigue - según fuentes del Ejecutivo-restar competencias a las comunidades autónomas sino impulsar acuerdos entre administraciones para reducir gastos. Se trata de un proyecto en el que se trabaja desde hace meses pero que "camina lentamente", según fuentes gubernamentales. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a entregar un documento en el que se compromete a esta última reforma, según reveló ayer en Bruselas la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Preguntada por los periodistas si el Gobierno iba a "armonizar" los horarios, esta respondió con un vago "es cosa de las comunidades".

Además de la reforma de la negociación colectiva, Zapatero tiene por delante reformas pendientes, entre las cuales avanzar en la competencia en el sector servicios. Además, desde el Ministerio de Industria se ha puesto en marcha un proyecto para impulsar la creación de empresas medianas competitivas. Se trata de diseñar incentivos que favorezcan la fusión de pymes y permita la creación de empresas más grandes. El objetivo es corregir la situación actual en que el 95% de las empresas son pymes con menos de 8 trabajadores. El equipo de Miguel Sebastián también trabaja en impulsar la modernización de la industria y favorecer proyectos de innovación. Más complicado está el pacto energético. La crisis nuclear de Japón dificulta este debate, que parece haber quedado relegado a un segundo plano. De momento, el Gobierno ha descartado aunar estas reformas en una sola norma.

También ha descartado trasladar los compromisos europeos sobre disciplina presupuestaria a las relaciones con las comunidades autónomas hasta que no se aprueben definitivamente en la UE. El presidente Rodríguez Zapatero se había comprometido en la carta enviada el pasado 3 de marzo a Herman van Rompuy, presidente del Consejo de Europa a "fortalecer los compromisos de cumplimientos estricto de déficit". Ante esta situación se había especulado con la posibilidad de que modificara la ley de disciplina presupuestaria introduciendo sanciones.

El presidente del Gobierno decidió ayer citar el 23 de marzo en la Moncloa a los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, y al presidente de la CEOE, Juan Rosell, para analizar, entre otros asuntos, el pacto de competitividad y las medidas sobre el empleo. Tres días después se celebrará la segunda cumbre empresarial en la Moncloa con los dirigentes de las 44 principales empresas del país. Los agentes sociales tienen el compromiso de cerrar un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva, que es la clave de la reforma laboral. Previsiblemente se anunciará la próxima semana.
(La Vanguardia, 16-03-2011)

Zapatero debatirá con las grandes empresas más medidas frente al paro
El jefe del Ejecutivo se reunirá con 45 líderes empresariales, aunque tres días antes atenderá a los líderes sindicales.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prepara nuevas medidas para impulsar el empleo, que sigue siendo el mayor reto al que se enfrenta la economía nacional.

Según la carta que ha enviado La Moncloa a los directivos, y a la que ha tenido acceso este periódico, el líder del Ejecutivo ha convocado el 26 de marzo a 44 presidentes y consejeros delegados de las grandes compañías nacionales y a CEOE para “mantener un debate en torno a nuevas iniciativas que se plantea el Gobierno en relación con el empleo”.

Zapatero “desea explicar a los representantes de las grandes empresas españolas el significado del Pacto del Euro alcanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, que se presentará al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo”. Asimismo, el presidente informará de las “nuevas iniciativas” que quiere emprender el Ejecutivo para impulsar la competitividad de la economía, en el contexto del plan que ha impulsado la canciller Angela Merkel y “del propio programa de reformas español contenido en la Estrategia de Economía Sostenible”.

El presidente también “pasará revista a las diversas cuestiones abordadas en la última reunión” con los dirigentes de las compañías, tras la que lanzó un paquete de medidas con rebajas fiscales y privatizaciones parciales de empresas públicas como AENA y Loterías.

Sin embargo, en la misiva, el director del Gabinete de Moncloa, José Enrique Serrano, no informa que Zapatero da prioridad en la agenda de reformas a las organizaciones sindicales. Al menos, eso es lo que se desprende de que Zapatero haya convocado a los dirigentes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, a una reunión el 23 de marzo, justo antes de un Consejo Europeo decisivo y tres días antes que a los empresarios.

Para que Merkel se crea las iniciativas que impulse el Gobierno debería establecer la fijación de los convenios teniendo en cuenta la productividad y no la inflación (algo que rechazan de raíz los sindicatos) y la limitación por Ley del déficit de las comunidades autónomas.
(Expansión, 16-03-2011)

Los sindicatos y AENA alcanzan un preacuerdo para evitar la huelga
Los sindicatos CCOO, UGT y USO en AENA, convocantes de las 22 jornadas de huelga en los aeropuertos en los próximos meses, han llegado esta madrugada a un preacuerdo con la empresa que someterán a la aprobación de la asamblea de los trabajadores para decidir la desconvocatoria de los paros.

Los representantes de CCOO, UGT y USO, sindicatos que representan al 85 % de la plantilla de AENA, llegaron al preacuerdo con AENA que permite evitar la huelga, tras una maratoniana reunión de casi 17 horas.

La desconvocatoria de la huelga queda pendiente de la ratificación de las federaciones de los tres sindicatos y, posteriormente de las asambleas de los trabajadores que se celebrarán a mediados o finales de la semana que viene.

El secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, se congratuló del preacuerdo alcanzado, tras el cual el sector turístico y los ciudadanos pueden estar confiados en que podrán viajar en Semana Santa y en verano.

Táboas explicó que la novedad que recoge el preacuerdo es que AENA estará presente en el consejo de administración de las futuras sociedades concesionarias de los aeropuertos de Madrid (Barajas) y Barcelona (El Prat).

Esta cuestión nunca se había definido hasta ahora porque era una hipótesis con la que estuvo trabajando el Ministerio de Fomento y que se ha concretado finalmente durante la negociación, precisó.

Según los sindicatos, el principio de acuerdo gira en torno a las principales premisas que son la garantía de la viabilidad el conjunto de AENA a través de una participación directa del gestor en todas sus sociedades; el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y las condiciones y aplicación del convenio colectivo en todos los escenarios posibles que pueden surgir a partir del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.

De esta forma, el V convenio colectivo de los trabajadores de la empresa se convertirá en el primero -con una vigencia hasta 2018- de la nueva sociedad AENA Aeropuertos, las filiales que se puedan establecer y también se aplicará a las empresa concesionarias.

Táboas indicó que, en caso de ser ratificado por los trabajadores, el preacuerdo permitirá desconvocar la huelga, y señaló que es bueno para los trabajadores y también excelente para AENA y el Gobierno, porque permite una senda para el desarrollo del nuevo modelo aeroportuario.

El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, coincidió con Táboas en indicar que el preacuerdo es bueno para los trabajadores porque consolida sus derechos y también lo es para la empresa porque permite avanzar, en un clima de diálogo y entendimiento, en la reforma del transporte aéreo en España.

No obstante, los sindicatos explicaron que el preacuerdo alcanzado no significa que apoyen la privatización de AENA con la que no están de acuerdo y no comparten.

Este principio de acuerdo llega después de que en la primera reunión celebrada entre el comité de huelga y AENA la semana pasada no se lograra acercar las posturas.

El lunes, la negociación dio un giro positivo, con la intervención del Ministerio de Fomento y la incorporación de Táboas en la negociación y un nuevo documento, que incluía cambios importantes en comparación con la propuesta anterior de AENA, según los sindicatos.
(Expansión, 16-03-2011)

 

 Mercantil, Civil y Administrativo

El Ecofin aprueba el endurecimiento del control del déficit y de la deuda pública
La tercera generación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se quedó ayer a un paso de la aprobación definitiva, pendiente solo del visto de bueno del Parlamento Europeo. "Sin duda, ha sido la decisión más importante de la reunión de hoy por ayer del Ecofin", señaló la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía, Elena Salgado, al término del Consejo de Ministros de la UE.

El nuevo pacto introduce más sanciones contra los países que se nieguen a adoptar las recomendaciones para reducir su déficit cuando esté por encima del límite del 3% del PIB e impone reducciones anuales de la deuda pública a los países que en ese parámetro superen el límite del 60% de su PIB.

Los ministros aprobaron, además, la creación de un nuevo mecanismo de vigilancia de los llamados desequilibrios excesivos, que castigará con sanciones de hasta el 0,1% del PIB a los países que se nieguen a adoptar medidas para corregir desajustes macroeconómicos graves. Faltan por negociarse los indicadores que alertarán en cada país sobre posibles desviaciones, aunque con toda probabilidad figurarán la balanza por cuenta corriente (tanto déficit como superávit), la deuda privada y el precio de la vivienda.

Los textos pactados por los ministros continúan ahora su tramitación en el Parlamento Europeo, donde los dos principales grupos políticos esperan con una actitud muy dispar. El Partido Popular Europeo dio la bienvenida al acuerdo del Ecofin y señaló que "se requiere un plan fuerte para prevenir otra crisis y asegurar el crecimiento económico en toda la UE".

En cambio, el Partido Socialista Europeo calificó de "irresponsable" el acuerdo y aseguró que llevará a la economía europea por "el camino equivocado". "Necesitamos disciplina fiscal", añadió la eurodiputada socialista portuguesa Elisa Ferreira, "pero no a costa del crecimiento".

Cuatro de los seis textos legales de que consta la reforma necesitan la aprobación del Parlamento, cuya Comisión de Asuntos Económicos tiene previsto pronunciarse el próximo 19 de abril. El Gobierno húngaro, que preside la UE durante este semestre, anunció ayer que comenzará de inmediato negociaciones informales con los europarlamentarios para intentar limar las últimas diferencias, relativas, sobre todo, al limitado papel que el Ecofin concede a las instituciones europeas (en particular, la Comisión) en la aplicación del pacto.

Los ministros hicieron ayer un gesto para congraciarse con el Parlamento al aceptar que las sanciones contra un país solo podrán frenarse mediante mayoría cualificada. Ese umbral dificultará que el país infractor pueda buscar aliados para bloquear el expediente.

Pero los ministros también han suavizado en algunos puntos la propuesta inicial de reforma presentada el año pasado por el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

El acuerdo del Ecofin, según la presidencia húngara, reduce, por ejemplo, la posibilidad de obligar a un país a realizar un depósito equivalente al 0,2% de su PIB tan pronto como su déficit supere el 3%. Ese castigo solo se aplicará si el país en cuestión ya ha sido multado en la fase preventiva del Pacto (que penaliza las políticas fiscales irresponsables durante periodos de bonanza económica) o si se trata de un infractor reincidente.

A pesar de esos matices, el comisario Rehn se mostró "razonablemente satisfecho" sobre el acuerdo. Y tanto Bruselas como los ministros confían en que el acuerdo definitivo con el Parlamento pueda cerrarse antes de finales de junio.
(Cinco Días, 16-03-2011)

La vivienda usada comienza a ser más cara en casi todo el país
El índice de precios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en el cuarto trimestre las casas se abarataron de promedio un 1,9% anual, lo que parece confirmar que el ajuste continúa amortiguándose. Tanto es así, que en términos trimestrales cada vez son más las regiones que protagonizan incrementos en los precios de sus pisos. En tasa anual, Madrid y Extremadura finalizaron 2010 con idéntico encarecimiento medio, del 1,7%.

Vistos estos números, ¿se puede hablar de cambio de tendencia? Probablemente no, pero sí es bastante significativo lo que está pasando. Las cifras correspondientes al mercado de la vivienda de segunda mano revelan que todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, Baleares, País Vasco y Melilla, registraron en el último trimestre de 2010 alzas de precios trimestrales.

Los expertos recuerdan que este fenómeno es perfectamente lógico con la atonía de la demanda y la situación de crisis del sector del ladrillo. "Las viviendas usadas suelen estar ubicadas en las zonas más consolidadas de las ciudades, con mejores transportes y equipamientos y, por tanto, son las más codiciadas por los compradores. Por eso, es lógico que sea el mercado de segunda mano donde se inicien los primeros repuntes de precios", aseguran en una agencia inmobiliaria.

Por contra, los pisos de nueva construcción, cuya oferta es mayor y además se localizan en las áreas interurbanas, tardarán más tiempo en volver a registrar encarecimientos. Además, la inmensa mayoría de los estudios apuestan por que este año los precios de las casas continuarán descendiendo en términos generales, ante la presión que ejercen sobre el sistema financiero los nuevos requisitos de capitalización impuestos por el Banco de España.

Las mayores caídas anuales de precios se anotaron en Cantabria (-7,2%), seguida de La Rioja (-6,2%) y Navarra, con un descenso promedio del 5,9%. Los menores se localizaron en Castilla-La Mancha (-0,8%), Asturias (-1%) y Melilla (-1,1%). El índice que publica el INE es compatible con las exigencias establecidas por Eurostat y es junto al que elabora la Secretaría de Estado de Vivienda el único dato aceptado por el sector como oficial.
(Cinco Días, 16-03-2011)

La Fed mantiene los tipos de interés y el plan de estímulo monetario
Asimismo, la institución ha ratificado los términos del programa de recompra de bonos por importe 600.000 millones de dólares (430.000 millones de euros) hasta finales del segundo trimestre de 2011, que puso en marcha en noviembre.

La Fed subraya que, según las informaciones recibidas desde la reunión de enero, la recuperación económica está "en una posición más firme", y que las condiciones generales en el mercado laboral parecen estar mejorando de forma gradual.

En esta línea, la Fed resalta que el gasto de los hogares y las inversiones de las empresas en equipamiento y software han seguido aumentando, pero advierte de que la inversión en estructuras no residenciales es aún "débil" y de que el sector inmobiliario sigue estando bajo presión.

Asimismo, destaca que los precios de las materias primas se han incrementado de forma "significativa" desde el verano y las preocupaciones por el suministro mundial de crudo han contribuido a una fuerte escalada en los precios del petróleo en las últimas semanas. Sin embargo, remarca que las expectativas de inflación a largo plazo siguen "estables" y la inflación subyacente está contenida.

La Reserva Federal recuerda que, de acuerdo a su mandato estatutario, el Comité busca fomentar el máximo empleo y la estabilidad de precios. En este sentido, insiste en que actualmente la tasa de desempleo se mantiene "elevada", mientras que los indicadores de inflación subyacente continúan siendo "relativamente bajos" en relación con los niveles que el Comité juzga coherentes en el largo plazo.

"Los recientes incrementos en los precios de la energía y otras materias primas están actualmente presionando al alza la inflación. El Comité espera que estos efectos sean transitorios, pero prestará atención a la evolución de la inflación y sus expectativas. El Comité sigue anticipando un regreso gradual a niveles más altos de utilización de los recursos en un contexto de estabilidad de precios", insiste.

Por otro lado, la Fed recalca que ha decidido continuar ampliando su cartera de valores, tal y como anunció tras la reunión del Comité de noviembre, para promover "un mayor ritmo de recuperación económica" y ayudar a afianzar que la inflación, con el tiempo, permanezca en niveles compatibles con su mandato.

En este sentido, la institución ha ratificado los términos del programa de recompra de bonos por importe 600.000 millones de dólares (430.000 millones de euros) hasta finales del segundo trimestre de 2011 que puso en marcha en noviembre de 2010.

La Reserva Federal incide en que revisará "con regularidad" el ritmo de la compra de bonos, que será aproximadamente de 75.000 millones de dólares (53.700 millones de euros) al mes, así como el tamaño total del programa en función de la información que vaya surgiendo y que ajustará el programa según sea necesario para fomentar de la mejor manera posible "el máximo empleo posible y la estabilidad de los precios".

Respecto a los tipos de interés, que permanecen sin cambios desde diciembre de 2008, la Fed volvió a insistir en que los mantendrá en niveles excepcionalmente bajos durante "un periodo prolongado" de tiempo debido a las condiciones económicas.

El mensaje que vuelve a trasladar una vez más la institución presidida por Ben Bernanke contrasta con el lanzado por el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, tras la última reunión del Consejo de Gobierno de la institución europea, en el que reconocía que una subida de tipos en abril "es posible".
(Cinco Días, 16-03-2011)

El índice Nikkei cae un 10,6% en su tercera peor caída de la historia
La de ayer fue la tercera mayor bajada del índice Nikkei en toda la historia. El índice que agrupa a 225 mayores empresas del país perdió un 10,55% si bien llegó a caer un 14% a lo largo de la sesión. La última vez que la bolsa registró esos descensos fue en octubre del 2008 en plena resaca por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Aunque el peor descenso se produjo dos décadas antes.

Ninguna de las empresas que forman el índice Nikkei se escapó ayer de los números rojos en el parquet de Tokio. Lideró las pérdidas el centro de ocio Tokio Dome (-27,2%) y la fabricante de fibras Nitto (-27,0%). En tercer lugar por la cola se sitúa la propietaria de la central nuclear de Fukushima, Topco (Tokio Electric Power Company).

Las acciones de la empresa cayeron ayer un 24,7%, casi lo mismo que en la jornada anterior. De esta forma la eléctrica propietaria de los reactores por donde se está produciendo una fuga de partículas radiactivas a la atmósfera ha perdido la mitad de su valor. En la página web, la empresa da cuenta de que se han cerrado las instalaciones y ha emitido más de 60 comunicados de prensa dando cuenta de la situación de sus reactores nucleares.

Y es que esos comunicados más las informaciones que aparecen sobre la evolución de la crisis nuclear en el país afecta directamente al índice. Según un gráfico elaborado por Reuters, el arranque de la jornada bursátil en Japón comenzó con las dos nuevos explosiones en la central de Fukushima. Aunque cuando el índice comenzó a caer con más fuerza fue a mediodía (hora local) al hacerse público que el nivel de radiación en Tokio era 40 veces superior a lo normal.

Entre las empresas del índice Nikkei que mejor comportamiento tuvieron ayer se situaron algunas compañías con fuertes intereses en España y Catalunya como Nissan (cedió sólo un 3,32%) u Honda (-9,73%).

El índice Nikkei cerró ayer en 8.805,15 puntos. El 29 de diciembre de 1989 tocó máximos en 38.915 puntos. Así pues desde la crisis que sufrió el país en la década de los 90 no ha podido recuperarse. En realidad y tal como se aprecia en el gráfico de esta página, desde aquellos máximos la tendencia del índice ha sido a la baja si bien se han registrado algunas oscilaciones. La caída de las dos últimas jornadas ha acrecentado las dudas sobre el mercado japonés y sobre todo sobre las posibilidades de una recuperación rápida.
(La Vanguardia, 16-03-2011)

 

 Sector

Carnicer critica la supresión de los recursos
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, explicó ayer en la presentación del libro Reforma del Código Penal que "la supresión de recursos nos parece una eliminación de derechos civiles muy importante", en relación con las declaraciones realizadas por el vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, en las que acusaba a la abogacía institucional de "torpedear" los cambios legislativos por intereses corporativos y a los abogados, de "poner palos en la rueda" y de "hacer un uso abusivo de los recursos".

Desde su punto de vista, una de las funciones del Consejo General de la Abogacía Española es "denunciar cualquier acción cuando creemos que de alguna manera las nuevas normas no corresponden con la realidad social". Por ello, "se ha producido una reacción de los estamentos porque hemos dicho que no responde a la realidad social que se recorten recursos".

"En estos tiempos especialmente, es importante que existan jueces, magistrados, abogados, fiscales, profesores, que desde su posición individual creen opinión y manifiesten a los Gobiernos que deben reconsiderar más el equilibrio entre libertad y seguridad, y dictar normas más justas", señaló el presidente de los abogados.

Ángel Juanes, autor del libro, consideró que el objetivo es "precisar el alcance de la reforma", y aseguró que el equipo del Ministerio de Justicia ha "mejorado el anteproyecto". En particular, señaló, la obra "pivota sobre el fenómeno de la armonización del Derecho Penal con el Derecho Comunitario", es decir, la "adaptación del Código Penal a la UE".

Este fenómeno, que afecta sobre todo a temas de terrorismo, crimen organizado o delitos relacionados con menores, está produciendo una armonización de normas penales en la UE.
(Cinco Días, 16-03-2011)

El turno de oficio de Madrid pide actualizar los baremos
Los abogados del turno de oficio que tuvieron ayer un encuentro con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, presentarán hoy, miércoles, a la Comunidad de Madrid una serie de propuestas para mejorar el servicio de justicia gratuita. Se intenta no solo acercar posturas para evitar que se produzcan dilaciones en el pago, como ha ocurrido en los últimos años, sino una prestación de servicios más ajustada a la realidad de quienes lo necesitan.

"En nuestro caso, pedimos principalmente la actualización de los baremos, ya que las tarifas llevan congeladas desde el año 2003", añade Manuel Valero, presidente de la Asociación Altodo, que engloba a parte de los abogados del turno de oficio. La reunión con el consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, que tendrá lugar a las 17.30 horas, persigue conseguir que el Gobierno regional se haga cargo no solo de los procedimientos civiles, sino también de las propias ejecuciones, "que generalmente es lo que cuesta más trabajo para el letrado", afirma Valero.

Las peticiones del turno de oficio, sin embargo, no serán las únicas que se pongan encima de la mesa. La Comunidad de Madrid pretende racionalizar el servicio de justicia gratuita para evitar que la asistencia llegue a personas que pueden sufragarse este servicio por su nivel de renta. En este sentido, se plantea la posibilidad de reformar la normativa, no para cambiarla, sino para conseguir más fiabilidad y que los propios colegios de abogados y los letrados puedan ejercer más control sobre los beneficiarios.

El Gobierno regional ha detectado que en algunos casos, como son los juicios rápidos de tráfico e incluso en algunos asuntos de inmigración, el turno de oficio no puede, "por la premura", constatar que los beneficiarios necesiten un abogado de oficio, según señalan en el departamento de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid.

"Estamos a favor del turno de oficio, consideramos que es un derecho público y no pretendemos recortar este servicio, sino racionalizarlo para evitar que los madrileños paguen a personas que no lo necesiten", explican en la consejería, donde señalan que ha habido casos escandalosos como el hermano de Bin Laden, a quien tuvo que atender un abogado de oficio. Citan también recursos que el letrado interpone sin el consentimiento de su cliente, porque en ocasiones éste se encuentra en su país de origen, sea Perú o Bolivia, y ni tiene conocimiento del procedimiento.
(Cinco Días, 16-03-2011)

Álvarez-Buylla, reelegido decano de los procuradores
El Colegio de Procuradores de Madrid reeligió el pasado 14 de marzo a Antonio Álvarez-Buylla como nuevo decano de la institución, al mismo tiempo que aprovechó para renovar a los 14 miembros que integran la junta de gobierno de la procura.

Álvarez-Buylla, que lleva al frente del colegio desde 2007, ha desempeñado varios cargos en el Consejo General de Procuradores.

Madrileño, licenciado en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU, ha impartido cursos y actuado como ponente y conferenciante sobre diversas materias jurídicas y legislativas en el Instituto de Empresa, escuelas de prácticas jurídicas y la Universidad Pontificia de Comillas, así como en el Consejo General del Poder Judicial y en otras instituciones de rango jurídico.
(Cinco Días, 16-03-2011)

Zapatero se compromete con el CGPJ a agilizar la reforma de la Justicia
El presidente del Gobierno se ha comprometido hoy con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, a que sean tramitadascon urgencia las reformas para agilizar la Justicia.

Zapatero se ha reunido en el Palacio de la Moncloa, además de con Dívar, con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y con los vocales de la comisión asesora para el impulso de las reformas legislativas del órgano de gobierno de los jueces José Manuel Gómez Benítez, Margarita Robles y Manuel Almenar.

Tras el encuentro ha comparecido -junto a Gómez Benítez- Caamaño, quien ha explicado que Zapatero ve oportuno que el grupo socialista y el PSOE apoyen la urgencia en la tramitación del proyecto de ley de medidas de agilización procesal, así como los de uso de nuevas tecnologías y el de creación de los tribunales de instancia "para que puedan aprobarse lo antes posible".

En opinión de Caamaño, se trata de tres normas "fundamentales" -las dos primeras ya enviadas al Congreso y la tercera en fase de anteproyecto- para mejorar el sistema de Justicia, acortar los tiempos y evitar la sobrecarga de trabajo que existe actualmente.

Según el ministro, "efectivamente toda tardanza en su aprobación va a repercutir en años en el sistema de Justicia".

El CGPJ ha emitido informes sobre los tres textos legales y ha efectuado varias recomendaciones "fructíferas", que, según el ministro de Justicia, Zapatero "está dispuesto a incorporar".

Este encuentro se produce tras reunirse el Consejo con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS), con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y con el de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

Tanto los magistrados de la Sala de Gobierno del TS como los presidentes de los TSJ han apoyado dichas reformas legales como el proyecto de ley de medidas de agilización procesal, que afecta a los órdenes civil y contencioso-administrativo, aunque han pedido que durante su tramitación parlamentaria se incluyan otras que abarquen también a los procedimientos penales.

Además, Dívar y los citados vocales tienen previsto reunirse con el presidente del PP, Mariano Rajoy, el próximo jueves para tratar sobre este asunto, según ha anunciado en la comparecencia ante la prensa el vocal Gómez Benítez.

Gómez Benítez ha hecho hincapié en el compromiso de Zapatero para que se tramiten urgentemente las reformas legales para la agilización de la Justicia y ha calificado este encuentro de "reunión positiva y fructífera".

El presidente del CGPJ pidió una reunión con el presidente del Consejo, según ha recordado Gómez Benítez, "entendiendo perfectamente que no se trata de presionar ni condicionar la acción del Parlamento, sino llamar la atención sobre la importancia de estos proyectos".

Además, el vocal del CGPJ ha explicado que se trata de leyes que requieren de tiempo para su implementación.

"No podemos dejar pasar esta legislatura sin que se aprueben", ha concluido Gómez Benítez, quien ha destacado el tono de "perfecta comprensión" mostrado hoy por el jefe del Ejecutivo y Caamaño.
(Expansión, 16-03-2011)

La entrada del CGPJ en política genera divisiones internas
Miembros del órgano de gobierno de los jueces califican “de impropia” la pretensión de que el Consejo “asuma el liderazgo político” de una reforma que atenta contra la independencia de los jueces.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe hoy en La Moncloa al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar y cuatro vocales del órgano. El motivo del encuentro es trasladarle la importancia de que el Parlamento tramite con carácter urgente los proyectos de Ley de Agilización Procesal y de Uso de las Nuevas Tecnologías, así como el anteproyecto para crear los tribunales de instancia.

Posteriormente, el jueves, se reunirán con el jefe de la oposición, Mariano Rajoy.

El propio presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en una comunicación remitida a toda la carrera judicial ha explicado los motivos de ambas reuniones: lograr el apoyo de ambos “para que tales proyectos sean tramitados por el procedimiento de urgencia y lograr que vean la luz en los próximos meses”. Este exceso de protagonismo del CGPJ en el plano político ha provocado la división en el propio seno del órgano de gobierno de los jueces.

La prueba de este malestar ha sido expresada, incluso por escrito, por dos vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Se trata de Claro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel en un voto particular al informe aprobado por la Comisión de Estudios del CGPJ sobre el anteproyecto que crea los tribunales de instancia, quienes han calificado de “impropia la pretensión de que el Consejo auma el liderazgo político de la reforma”. Para ambos, ésta es una “función que abiertamente” es ajena al Consejo.

También critican la urgencia que el CGPJ propone para esta reforma. Espejel y Fernández-Carnicero estiman que un cambio de este calado, que afecta a toda la organización judicial de base, “es precipitada e innecesaria” y “necesita de períodos de maduración y consulta”. Ambos vocales censuran que el CGPJ no haya pedido informe a las Salas de Gobierno ni a las Juntas de Jueces cuando, según dicen, “sus funciones se verán mermadas”, ni a la carrera judicial. Por tanto, consideran “insólito” que, en estas circunstancias, “el Consejo afirme categóricamente que el modelo por el que opta el legislador cuenta con el beneplácito de la judicatura”.

El voto particular –al que ha tenido acceso EXPANSIÓN– incide en que el anteproyecto del Ministerio de Justicia suprime el actual modelo de juzgado unipersonal “en favor de una organización más intervenida burocráticamente”.

Sin embargo, para ambos lo más grave es la reforma del artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el carácter vinculante de los criterios adoptados por el Pleno para los tribunales de instancia. Tal propuesta es, “claramente inconstitucional por atacar frontalmente a la independencia judicial”.

El informe aprobado por la Comisión de Estudios del CGPJ –al que ha tenido acceso EXPANSIÓN– plantea correcciones esenciales que, de no atenderse, impedirá el apoyo del órgano de gobierno de los jueces a la futura norma. Sin embargo, aún sin saber si Justicia asumirá algunos de los cambios propuestos, el CGPJ se ha aventurado a pedir que esta norma se tramite en las Cortes por el procedimiento de urgencia

El informe, que próximamente será aprobado por el Pleno del Consejo, pide suprimir la propuesta sobre el artículo 94.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por considerarla “inadmisible”. Al respecto, indica que la vinculación de todos los jueces o magistrados de la Sección al criterio adoptado por el Pleno al resolver un caso “atenta contra su independencia, ya que impone a los jueces el criterio jurídico que deba adoptar en otros casos”. Asimismo, afirma que alguna de las previsiones legales del anteproyecto “vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”.
(Expansión, 16-03-2011)

 

 

 

 

 

 

Noticias
Prensa 10-02-2011

 

 Fiscal

 

Hacienda recaudó un 23,7% más en 2010
por el control del fraude

Así lo hicieron público el
secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director general de la
Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López-Carbajo, en rueda de prensa para
presentar los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el
fraude en 2010.

 

"Los resultados son
buenos, sin precedentes, y confirman que estamos en una senda de mejora que
vamos a mantener durante los próximos años", indicó Ocaña, quien incluso
aseguró que descontando las actuaciones relacionadas con "casos
atípicos", como las cuentas investigadas en Suiza, los resultados serían
"excepcionalmente buenos", con un crecimiento superior al 10%, dado
que su importe no supera los 500 ó 600 millones de euros.

 

La recaudación directa por
actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones, se situó en
8.499 millones de euros, con un incremento interanual del 21,3%, de los que
6.885 millones de euros correspondieron a ingresos por actuaciones de control y
1.614 millones a devoluciones, que se redujeron un 1% respecto a 2009. Por otro
lado, los ingresos por regularizaciones voluntarias fueron de 1.544 millones de
euros, lo que supuso un aumento del 38,9% respecto a 2009.

 

Por otro lado, la deuda
media por contribuyente inspeccionado alcanzó en 2010 los 250.888 euros
(+43,9%). La deuda media ha ido ascendiendo desde 2005, cuando estaba en
116.000 euros. Por su parte, la media de deuda descubierta en el caso de las
grandes empresas -entre el 1% y el 2% de las inspecciones- es de 4 millones de
euros.

 

Los expedientes de delito
fiscal remitidos a la fiscalía fueron 938 en 2010 y la cuota defraudada en su
conjunto sumó 696 millones de euros, un 11,2% menos que en el ejercicio
anterior.

 

Desde el Ministerio de
Economía y Hacienda se asegura que los buenos resultados de la lucha contra el
fraude se deben a "la planificación a largo plazo y el énfasis en la
investigación del fraude más complejo y de mayor importe".

 

Así, el principal incremento
de la recaudación se debió en 2010 a los resultados provenientes de actuaciones
de control de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que supone el
25% de los 10.043 millones recaudados, creada en 2006 y que gestiona la
relación con aquellos contribuyentes que tienen una facturación superior a los
100 millones de euros.

 

Las investigaciones sobre la
utilización de grandes cantidades de efectivo con billetes de alta denominación
han dado como resultado hasta 2010 unas cuotas liquidas por un total de 1.114
millones de euros, de los que 425,56 millones fueron por declaraciones
extemporáneas, 541,03 millones por deuda incoada y 147,9 millones por delitos
denunciados.

 

En 2010 se inspeccionó a
5.809 contribuyentes del sector inmobiliario, un 16,5% menos que en 2009,
mientras que la deuda descubierta en el 'ladrillo' ascendió un 19%, hasta los
1.735 millones de euros. En este punto, Ocaña señaló que si la persecución del
fraude inmobiliario consumía el 40% de las actuaciones en los años del 'boom',
actualmente sólo requiere algo más del 20%, prácticamente la mitad.

 

Por otro lado, preguntado
por los avances en la investigación de las 3.000 cuentas opacas de Suiza, Ocaña
precisó que ya se han mandado expedientes a la Fiscalía para que valore si
sigue adelante con el proceso y que "a lo largo de los próximos días o
semanas" se le remitirá toda la información.

 

Las actuaciones para
garantizar el cobro de las deudas crecieron un 8,40% llegando en 2010 a un
total de 2.017. Estas actuaciones se realizan de manera coordinada entre los
departamentos de Inspección y Recaudación con el fin de evitar vaciamientos
patrimoniales por parte de los defraudadores y han permitido en 2010
incrementar un 20,1% respecto a 2009 el importe por dichas actuaciones, hasta
alcanzar los 1.492 millones de euros.

 

Por último, en el caso de
las exigencias de responsabilidad civil y penal, se dieron 4.930 actuaciones en
2010 (+5,9%), por importe de 1.234 millones de euros, un 29,1% más.

(Cinco Días, 10-02-2011)

 

El 25% del fraude fiscal se localiza
en grandes empresas

Uno de cada cuatro euros que
Hacienda ingresó el año pasado por la lucha contra el fraude se localizó en
grandes empresas. El cerco a las sociedades que facturan más de 100 millones de
euros anuales incidió decisivamente en el récord de 10.043 millones de euros
recuperados en 2010, según las cifras presentadas ayer por la Agencia
Tributaria. "Es un indicador claro de hacia dónde queremos dirigir
nuestros esfuerzos", subrayó el director de este organismo, Juan Manuel
López Carbajo. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, citó la
persecución del "fraude más complejo" como prioridad para el año
2011.

 

Al poner el acento en las
grandes corporaciones -solo suponen un 2% de los contribuyentes inspeccionados,
pero aportan el 25% de la recaudación por fraude-, los responsables de Hacienda
trataban de reorientar la lectura inicial de que la Agencia iba a centrarse
este año en controlar el fraude en las prestaciones de paro y en los falsos
autónomos. "No serán actuaciones contra los parados, sino para descubrir
economía sumergida", argumentó Ocaña. Tanto estas directrices como la
vigilancia a las operaciones de ingeniería fiscal figuran en el plan de control
tributario publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado.

 

Las cifras relativas a las
cantidades defraudadas dan idea de que el fraude dista de ser una mera
discrepancia en las obligaciones tributarias. La deuda media liquidada a los
infractores (incluye la cuota defraudada más las sanciones y los recargos
impuestos) rozó los 251.000 euros, el doble que en 2005. Ese dato indica que en
muchos casos el fraude se convierte en delito fiscal (cuando la cuota
defraudada supera los 120.000 euros). En cualquier caso, la media se ve
distorsionada por los datos de grandes empresas, cuya deuda liquidada asciende
en promedio a cuatro millones de euros.

 

La recaudación por fraude
experimentó en 2010 un crecimiento del 23,7%, el mayor desde que existen datos
homogéneos. Más allá del empeño de la Agencia, el dato refleja el importante
número de deudas ingresadas este año como consecuencia de los aplazamientos
solicitados en 2010. Y también recoge dos actuaciones extraordinarias -las
cuentas opacas de españoles en Suiza y el fraude de la multinacional Praxair
reconocido por los tribunales- que en conjunto han reportado entre 500 y 600
millones de euros al fisco, reconoció Ocaña. Sobre el caso de las cuentas suizas,
el secretario de Estado avanzó que ya se ha enviado "algún expediente a la
fiscalía" y que en los próximos días se remitirán más, sin querer
concretar cuántos.

 

Aunque el fraude
inmobiliario sigue arrojando buenos resultados, la pérdida de peso de este
sector ha provocado que los recursos dedicados pasen del 40% al 20% de los que
dispone la Agencia.

(El País, 10-02-2011)

 

 

 Laboral

 

Salgado: España
"está saliendo de la crisis" en términos de crecimiento pero no de
empleo

En respuesta a
una pregunta de la diputada del PP Luisa Fernanda Rudi durante el Pleno del
Congreso, Salgado aseguró que "el Gobierno no va a descansar" hasta
resolver el problema del desempleo.

 

La
vicepresidenta económica del Gobierno pasó de la defensa al ataque al señalar
que alrededor del 40% del desempleo se concentra en el sector de la
construcción como herencia de la política económica desarrollada por los
Gobiernos del PP y, concretamente, de su Ley de Suelo. Según dijo, esta
legislación produjo un "crecimiento desmesurado de la construcción
residencial", afirmación que le valió la bronca de la bancada ''popular''.

 

"En este
momento se están reduciendo los desequilibrios macroeconómicos, se está
reduciendo el peso de la construcción a la mitad, y se están poniendo en marcha
reformas para crear empleo que nunca han contado con su apoyo", añadió
Salgado.

 

Para terminar,
la ministra de Economía y Hacienda afeó al PP que solo haya apoyado hasta la
fecha la reforma del sistema financiero, pero consideró con ironía que "es
un buen principio". "Apúntense a las reformas y al pacto
social", apostilló.

 

Por su parte, la
diputada del PP acusó al Gobierno de haber "creado" miles de nuevos
parados en enero con su política económica. "Ni generan confianza ni
credibilidad", le espetó, antes de echarle en cara que fomentar la
movilidad laboral no es dejar que los jóvenes vayan a trabajar a Alemania, en
referencia a la reciente oferta de empleo procedente del país germano.

(Cinco Días,
10-02-2011)

 

Las mutuas cubren a 11,37
millones de trabajadores

Las mutuas
patronales de accidentes de trabajo alcanzaron la cifra récord de 11,37
millones de trabajadores protegidos por contingencias comunes en el 2010, el
71% del total. Según la patronal del sector, Amat, también ha subido el
porcentaje de empresas que prefiere elegir a las mutuas frente a la Seguridad
Social para esta cobertura: en total 1,09 millones de empresas, que representan
el 75,8% del total, optan por las mutuas.

(La Vanguardia,
10-02-2011)

 

El paro dispara los
rescates de planes de pensiones

El incremento
del paro en España ha disparado el ejercicio de los supuestos especiales de
liquidez que permite la legislación para rescatar anticipadamente el dinero en
planes de pensiones. El número de personas que en 2009, últimos datos
disponibles, recuperó su inversión fue de 43.428 individuos, frente a las 9.589
personas de 2008. En total, de los planes de pensiones se rescataron 219,8 millones
de euros por casos de desempleo de larga duración, según datos presentados ayer
por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco).

 

También resulta
significativo el aumento de las salidas de dinero por enfermedad grave (pasan
de 3.484 solicitudes a 5.638 peticiones), una circunstancia difícil de explicar
y que puede estar afectada por la "picaresca". A pesar de estos
aumentos, desde Inverco matizan que los supuestos de liquidez por paro y
enfermedad apenas supone el 6% del pago total de prestaciones, que en 2009 fue
de 3.729 millones.

(El País,
10-02-2011)

 

Trabajo toma medidas para
evitar una oleada de prejubilaciones

El borrador de
la reforma de las pensiones obliga a tener tres años en el paro a quienes
quieran mejorar su pensión reuniendo más años de cotización.

 

El Gobierno ha
decidido tomar medidas para evitar que en los sucesivos periodos de transición
que hay previstos en la reforma del sistema de pensiones las empresas y los
sindicatos puedan aprovechar para provocar una oleada de prejubilaciones por
despidos. Es decir, para los trabajadores entre los 52 y los 61 años, hasta
ahora, y los 55 y los 61, a partir de la entrada en vigor de la reforma en
2013.

 

El Ejecutivo
exigirá que quienes quieran beneficiarse de tener más pensión en estas
situaciones gracias a ampliar a veinte años el periodo de cotización exigido
más allá del tiempo real de aportación tengan que reunir las siguientes
condiciones. En primer lugar, haber sido despedido, o haber perdido el trabajo
de forma involuntaria por una crisis empresarial y, en segundo lugar, haber
percibido la prestación contributiva o el subsidio “durante al menos tres años”
dentro de los últimos quince de la vida laboral.

 

Así se recoge en
el anteproyecto de ley sobre la reforma de las pensiones, al que ha tenido
acceso EXPANSIÓN. El acuerdo del Gobierno, la patronal y los sindicatos regula
la ampliación de quince a veinticinco años del periodo de cotización exigido
para calcular la cuantía de la pensión.

 

Esta reforma se
hará de forma paulatina en diez años para intentar neutralizar su impacto “en
quienes se encuentren próximos a la edad de jubilación”. Es decir, que hasta
2022, lo que también se conoce como el periodo de cálculo de la pensión, irá
aumentado anualmente hasta alcanzar los 25 años.

 

Sin embargo, en
beneficio de los prejubilados –o “los trabajadores de más edad expulsados
prematuramente del mercado de trabajo”– el Gobierno autorizará a estas personas
a que, entre 2013, que entrará en vigor la reforma, y 2016, puedan calcular la
pensión de acuerdo con veinte años de cotización, en lugar de la cifra que le
correspondería en estos tres primeros años de la reforma.

 

Por ejemplo, en
2013, el periodo de cómputo para calcular la pensión será de 16 años; de 17, en
2014; de 18, en 2015 y de 19, en 2016. Así hasta 20, en 2017. Así, hasta 2022,
en el que el periodo de cotización obligatorio para calcular la pensión será de
veinticinco años.

 

El objeto de
esta relevante modificación es que los despedidos en los últimos años de su
vida laboral puedan, al menos, reunir veinte años de cotización para tener una
pensión más elevada al final de su vida laboral. Es decir, incluir más años de
contribución en la media que ayuden a contrarrestar los periodos con lagunas de
aportación a la Seguridad Social.

 

Cuando el
trabajador va al desempleo, lo que ocurre con frecuencia en las
prejubilaciones, su cotización es la mínima y, por lo tanto, eso repercutirá en
la cuantía de su pensión. Por esta razón también, en los Expedientes de
Regulación de Empleo las empresas están obligadas a suscribir un convenio
especial con la Seguridad Social para complementar la cotización del empleado
que es despedido.

 

Precisamente,
por este motivo, que Trabajo exija haber pasado tres años en la prestación
contributiva y/o el subsidio, a quienes quieran beneficiarse de una ampliación
inmediata de la pensión no sólo actuará de filtro entre 2013 y 2016 para evitar
una oleada de prejubilaciones, sino que también aumentará los costes de las
empresas por reducir plantilla a través de esta fórmula.

 

En el caso de
los trabajadores autónomos, podrán aumentar la cuantía de la pensión ampliando
a veinte años el periodo de cotización exigido un año después de haber agotado
la prestación del cese de actividad. Es decir, del nuevo modelo de protección
por desempleo que, a partir de este año, tienen los empleados por cuenta
propia.

 

El Servicio de
Estudios de BBVA considera que la reforma del sistema de pensiones es
“sustantiva y mejora las perspectivas sobre las finanzas públicas”, pero sostiene
que “probablemente requerirá ajustes adicionales”. Así figura en el informe
‘Situación España’, que se dio a conocer ayer.

 

Durante la
presentación del documento, el economista jefe para España y Europa, Rafael
Domenech, sostuvo que “el proceso reformador tiene que ser continuo”. Y apostó
por “adelantar la evaluación de su implantación y hacerla durante el periodo de
transición por si fuera necesario aplicar el factor de sostenibilidad antes de
2027”, cuando la reforma entrará plenamente en vigor. Ésta incorpora por
primera vez el factor de “sostenibilidad” para que cada cinco años se revise el
sistema en función de los cambios en la esperanza de vida.

 

Pero será a
partir de 2027, y el Servicio de Estudios de la entidad que preside Francisco
González considera que podría ser necesario antes. Además, BBVA estima que es
necesario que se “mejore la información de los trabajadores sobre los derechos
futuros generales, algo que ocurre en un sistema de cuentas nocionales”, es
decir, lo que se conoce como la Carta Naranja sueca. Los autores del informe
consideran que, de este modo, se permitiría a los españoles “tomar decisiones
de trabajo y ahorro más adecuadas para garantizar el tipo de pensión que
deseen”.

 

Domenech
destacó, además, las similitudes de la reforma de pensiones con la realizada en
Alemania, aunque el sistema español continúa siendo “más generoso”. Así,
detalló que la tasa de sustitución de la pensión con respecto al salario será
del 70% mientras en Alemania es del 43%.

(Expansión,
10-02-2011)

 

 

 Mercantil,
Civil y Administrativo

 

El
FMI admite que la falta de crítica impidió prever la gravedad de la crisis

El informe de la unidad de evaluación
independiente del Fondo publicado hoy y que examina el periodo 2004-2007 dice
que el FMI confió "en exceso" en la solidez de las grandes
instituciones financieras y respaldó el comportamiento imperante en los
principales centros financieros globales.

 

"El elevado nivel de pensamiento
uniforme, la captura intelectual y en general la percepción de que una gran
crisis en las grandes economías avanzadas era improbable" impidieron al
FMI ver la tormenta que se avecinaba, dice el estudio elaborado por la unidad
interna de evaluación independiente (IEO) del organismo.

 

La "débil" gobernabilidad
interna y una cultura que desalienta el pensamiento crítico jugaron también un
papel fundamental en la citada falta de previsión, destaca el estudio.

 

El informe llegó a la conclusión de que
el FMI ofreció "pocas señales de advertencia claras" sobre los
riesgos y vulnerabilidades asociadas con la crisis que se gestó entre el 2004 y
el 2007.

 

El mensaje del FMI en los años previos
a la recesión se caracterizó por un "exceso" de confianza en la
solidez de las grandes instituciones financieras y el espaldarazo al
comportamiento imperante en las principales plazas financieras internacionales.

 

"Los riesgos asociados con el auge
inmobiliario y las innovaciones financieras se minimizaron, al igual que la
necesidad de regulaciones más robustas para hacer frente a esos riesgos",
dice el análisis.

 

Moises Schwartz, director de la IEO,
indicó en un comunicado que el FMI ya ha dado "algunos pasos" para
mejorar su papel de guardián de la salud económica del planeta.

 

Pero el Fondo, advierte Schwartz,
necesita ir más allá y realizar "reformas adicionales en su cultura,
prácticas y gobernabilidad" para estar mejor preparado para lidiar con
desafíos futuros.

 

El informe dice que el FMI debe
clarificar los "roles y responsabilidad" del Consejo Ejecutivo,
integrado por 24 directores que representan a los países miembros, así como los
del equipo directivo del Fondo y los empleados de mayor nivel en el escalafón.

 

La IEO también hizo hincapié en la
necesidad de modificar las estructuras institucionales y los incentivos para
impulsar una mejor valoración de los riesgos, la colaboración interna, la
claridad en los mensajes y la capacidad del Fondo para desafiar los puntos de
vista de los países, sobre todo los de las economías más grandes.

 

El director gerente del FMI, Dominique
Strauss-Kahn, agradeció a la IEO sus "muchas ideas constructivas".

 

Recordó que el Fondo ya entonó en su
momento el "mea culpa" por no haber advertido de la crisis lo suficientemente
pronto y de forma efectiva.

 

También destacó, que las
recomendaciones de la IEO coinciden con las reformas puestas en marcha por el
FMI para lograr una institución "más receptiva y flexible".

 

"El objetivo de la agenda de
reforma que se está implementando consiste precisamente en redoblar la
vigilancia y la financiación para la estabilidad sistémica", concluyó
Strauss-Kahn.

(Cinco Días, 10-02-2011)

 

Bernanke
ve señales de fortalecimiento económico en EE UU

Bernanke compareció hoy ante el Comité
de Presupuestos de la Cámara de Representantes, donde señaló que el Gobierno y
el Congreso deben trabajar juntos en una reforma de la política impositiva y en
un plan que permita reducir los gastos y, por tanto, el déficit.

 

En su discurso, el presidente de la
Reserva Federal advirtió a los legisladores de los peligros de un déficit
presupuestario desbocado, e indicó que la Fed debe seguir apoyando el
crecimiento de EE UU, que sufre altas tasas de desempleo y baja inflación.

 

El nuevo presidente del Comité, el
republicano Paul Ryan, de Wisconsin, dijo en la apertura de la audiencia que
"la economía sigue sufriendo por un crecimiento lento, el desempleo sigue
siendo inaceptablemente alto, y la incertidumbre sobre nuestro futuro impide la
creación de empleo".

 

Ryan se opone al mantenimiento de las
bajas tasas de interés, que la Reserva ha aplicado desde diciembre de 2008, y a
un plan de estímulo monetario por el cual el banco central está adquiriendo
unos 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro.

 

Bernanke estuvo de acuerdo en que
"hasta que veamos un período sostenido de mayor creación del empleo no
podremos considerar que la recuperación se ha consolidado realmente".

 

El funcionario asimismo reiteró que la
inflación sigue siendo muy baja en Estados Unidos. En 2010 fue del 1,5%, la más
baja en dos años.

(Cinco Días, 10-02-2011)

 

Las
CC AA, aliviadas tras aclarar el Gobierno que podrán refinanciar su deuda

Tras las críticas que ayer recibió el
Gobierno por el acuerdo que permitirá a Cataluña emitir deuda en las próximas
semanas, Zapatero ha negado que haya habido "trato de favor" hacia la
Generalitat y ha insistido en que todas las comunidades deben comprometerse a
reducir su déficit hasta el 1,3% del PIB este año.

 

A su juicio, el debate surgido tras su
reunión con el presidente catalán, Artur Mas, es "ficticio" y ha
generado una confusión "con alguna intención".

 

Poco después, la ministra de Economía,
Elena Salgado, ha aclarado las posibilidades de emitir deuda que tienen todas
las comunidades, aún sin tener aprobado un plan de reequilibrio económico
financiero para controlar el déficit.

 

Según ha explicado, aquellas que deban
amortizar deuda este año y que necesiten realizar nuevas emisiones o contraer
préstamos con los bancos para alargar el plazo de vencimiento tienen que
solicitar autorización al Ministerio, pero no es necesario que se haya aprobado
antes ese plan de austeridad, ya que esas operaciones no implican un aumento
del volumen total de la deuda.

 

Esa posibilidad la tiene tanto
Cataluña, que ha superado el techo de déficit fijado para 2010 (2,4%), como
Murcia y Castilla-La Mancha, que también lo han sobrepasado.

 

Salgado ha recordado que el año pasado
todas las comunidades solicitaron y recibieron autorización de endeudarse para
refinanciar deuda y ha avanzado que en este ejercicio se están tramitando ya
las peticiones de Andalucía, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.

 

La vicepresidenta ha señalado que este
procedimiento está aprobado por todas las comunidades en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF) y ha lamentado que los presidentes autonómicos que
hablaron de trato de favor a Cataluña no conozcan esos acuerdos.

 

Con la explicación del Gobierno, varias
comunidades, como Castilla-La Mancha, han anunciado que pedirán autorización
para refinanciar su deuda.

 

Si ayer el presidente
castellanomanchego, José María Barreda, advirtió de que no aceptaría
"ningún tipo de trato discriminatorio" del Gobierno, hoy se ha
mostrado satisfecho y ha destacado que el Ejecutivo es el "principal garante"
de la igualdad.

 

El Gobierno de Canarias ha anunciado
que también quiere autorización para refinanciar su deuda y que, como la
comunidad sí ha cumplido el déficit, pedirá además que se le permita lanzar
nuevas emisiones.

 

Murcia, por su parte, ha solicitado la
convocatoria urgente del CPFF para que "queden claros los mismos criterios
para todas las comunidades", aunque su presidente, Ramón Luis Valcárcel,
ha reconocido que sentía "cierto alivio" al comprobar que todas
"y no sólo Cataluña" podrán refinanciar su deuda.

 

Desde Cataluña, el portavoz de CiU en
el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha tachado de "ignorantes"
las críticas al principio de acuerdo alcanzado por Mas y se ha preguntado si
Cantabria sería capaz de presentar un plan para reducir su déficit un 10%, como
ha hecho la Generalitat.

 

De inmediato, el presidente esta
comunidad, Miguel Ángel Revilla, ha recalcado que no necesita presentarlo
porque "ha cumplido rigurosamente" sus compromisos y es la economía
"más saneada de España".

 

"Si eso es ignorancia (criticar el
acuerdo con Cataluña antes de que el Gobierno aclarara que afecta a todos),
pues somos ignorantes ocho o nueve presidentes de comunidades" ha
apostillado.

 

Para el presidente extremeño, Guillermo
Fernández Vara, ha habido un problema de comunicación en este asunto.

 

"Cuando venimos a Madrid, siempre
queremos llevarnos una pieza de caza que nos diferencie de los demás", ha
dicho al comentar la rueda de prensa que dio Mas en La Moncloa tras su reunión
con Zapatero y cuyo contenido no fue cuestionado por el Gobierno.

 

De todos modos, ha dejado claro que él
no tenía dudas de que el Gobierno respetaría el principio de igualdad entre
territorios, una opinión que han compartido el presidente andaluz, José Antonio
Griñán, y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón, Alberto
Larraz.

 

A pesar de las aclaraciones, la
presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido de que permitir
endeudarse a todas las comunidades "es malo para la economía
española" y para su imagen en el exterior.

 

Desde el ámbito municipal, la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, ha continuado con las críticas al Gobierno: "Si
París bien vale una misa, el asiento de La Moncloa bien vale una
arbitrariedad", ha dicho.

(Cinco Días, 10-02-2011)

 

Economía
exigirá un mínimo de solvencia del 10% sólo a las cajas

El Ministerio de Economía desveló
anoche que ya ha tomado la decisión de imponer a las cajas de ahorros unos
niveles de solvencia muy superiores a los de sus competidores los bancos. Las
entidades de ahorro deberán tener un 10% de core capital - o recursos propios
básicos en relación con sus activos por riesgo-frente al 8% que se exigirá a
partir de ahora a los bancos. La vicepresidenta Elena Salgado envió ayer sendas
cartas a las patronales de las cajas y de los bancos en las que les informa de
que "nuestra intención es que el nivel mínimo de capital principal se
situará en el 8% con carácter general y será del 10% para aquellas entidades de
crédito que no coticen o no tengan una presencia en su capital de al menos el
20% de inversores privados".

 

Unos párrafos más abajo, la ministra
avisa de que, en virtud de los resultados de las próximas pruebas de solvencia,
"el Banco de España podrá exigir a las entidades o grupos el cumplimiento
de un nivel de recursos propios mínimos superiores a los mencionados
anteriormente". No concreta si esto se producirá en función del activo -
calidad de riesgos-o del pasivo - su financiación con depósitos o deuda-ni a
partir de cuándo se aplicará.

 

Esos ratios mínimos confirman que se ha
impuesto la mano dura del Gobierno y significan la práctica desaparición de las
cajas de ahorro tal como existen actualmente. La razón es que la gran mayoría
optará por cotizar en bolsa o incorporar a socios privados para acogerse a la banda
baja de los ratios exigidos (el 8%). Y para poder dar ese paso es necesario que
se conviertan en bancos. Las principales cajas españolas ya han iniciado ese
proceso: La Caixa, Caja Madrid, Cajastur o Catalunya Caixa.

 

La publicación de las misivas dirigidas
a Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), e Isidre
Fainé, presidente de la CECA, se produjo anoche "para aclarar las cosas
ante el ruido y la confusión creados en los últimos días", dijeron fuentes
de Economía. "Ante las dudas creadas, preferimos explicar de primera mano
nuestra posición", dijeron las mismas fuentes, que avisaron que "la
resistencia no va a servir para frenar los cambios".

 

Fuentes cercanas a la CECA, la patronal
de las cajas, recibieron la misiva con tranquilidad, señalando que en los
próximos días se negociarán con Economía los detalles de la nueva norma, de
manera positiva para la mayoría de las cajas. Más crítica fue la respuesta del
PP, que avanzó su oposición a la norma.

 

Ayer también el president de la
Generalitat, Artur Mas, dejó clara su postura de evitar que las cajas catalanas
pierdan su condición de entidades de ahorro aunque deban crear bancos. Las
nuevas exigencias de solvencia obligan a la práctica totalidad de la cajas a
reconvertirse en bancos. Ahora bien, pueden escoger si la antigua caja controla
al banco manteniendo el estatus jurídico de caja de ahorros o bien se
transforma en fundación.

 

El president se refirió en el Parlament
a que La Caixa ha optado por seguir siendo una caja, por lo que las otras dos
cajas catalanas (Catalunya Caixa y Unnim) pueden seguir sus pasos. Este no es
un tema menor, puesto que si conservan la estructura de cajas de ahorros siguen
siendo una entidad financiera y están controladas por el Departament d´Economia.
En cambio si se transforman en fundación la supervisión corre a cargo de
Justicia. En este último extremo, la capacidad de influencia del Govern sobre
la entidad sería mucho más limitada.

 

Unnim también ha dicho que su intención
es seguir siendo una caja que controle un banco. En cambio, Catalunya Caixa no
se ha definido de forma tan precisa. En una circular interna, el director
general, Adolf Todó, se refirió a la posibilidad de convertirse en fundación,
si bien fuentes de la entidad dicen que la decisión no está tomada.

 

Artur Mas también señaló ayer que harán
lo posible para "preservar este poder financiero catalán y preservar la
catalanidad del máximo número de entidades".

(La Vanguardia, 10-02-2011)